La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local de 2013, más conocida como la «ley Montoro» obliga a la Diputación de València a desprenderse del Psiquiátrico de Bétera en un plazo de cinco años, que se cumplen en 2018. Así consta en un informe jurídico encargado por Presidencia de la Diputación de València al bufete de abogados Gómez-Acebo & Pombo sobre «la reordenación competencial y de gestión y titularidad de los servicios públicos que la Diputación de València viene prestando en el Hospital Psiquiátricode Bétera».
El análisis jurídico viene a reforzar la idea de la Diputación de València de desprenderse de las competencias que considera ajenas, como el hospital psiquiátrico de Bétera. Desde principios de año un equipo técnico jurídico estudia de qué manera puede llevarse a cabo la transferencia del centro a la Generalitat, -obligada por la legislación ya que es la que tiene las competencias- por lo que debería asumir tanto los pacientes como los trabajadores e integrarlo en la sanidad pública valenciana.
Las conclusiones del informe de Gómez-Acebo & Pombo así lo estipulan. "El servicio que presta la Diputación Provincial en el Hospital Psiquiátrico de Bétera lo es en el ejercicio de una competencia impropia ya que la titularidad de la misma corresponde a la comunidad autónoma, dándose en este caso de forma clara y concreta una ejecución simultánea y, por lo tanto, una duplicidad en la prestación de la competencia".
Ante esta duplicidad, la recomendación legal del despacho jurídico es que "procede dar los pasos pertinentes para que las competencias impropias [que presta la Diputación de València] las ejerzan los titulares de las mismas". La institución provincial no incurriría en una dejación de funciones o "del interés público" porque "la prestación está cubierta por la administración titular".
Y así lo prevé la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local de 2013. «En el plazo máximo desde la entrada en vigor de esta ley, las comunidades autónomas asumirán de forma progresiva, un veinte por cien anual, la gestión de los servicios asociados a las competencias sanitarias» que hubieran estado atendidas por municipios o diputaciones provinciales, según el texto legal incluido por Gómez-Acebo & Pombo en su informe.
Aún así, este proceso plantea dudas sobre el "cómo". ¿Qué sucede con el personal que trabaja en el psiquiátrico y con los bienes inmuebles? El traspaso del Hospital de Bétera a la Generalitat supone, según la misma ley Montoro, que "también se traspasan a las comunidades autónomas los correspondientes medios económicos, materiales y personales". Aunque el informe jurídico matiza que los trabajadores podrían "integrarse en la nueva administración, respetándose el grupo o subgrupo profesional de pertenencia" , también podrían continuar en la Diputación provincial y «continuar en la misma relación profesional».
Respecto al edificio del Hospital Psiquiátrico, «no existe obligación legal de transferirlo [...] Esta posibilidad descansa en la discrecionalidad del titular del inmueble, que puede cederlo para que se continúe prestando un servicio público» y reclamar la reversión si deja de prestarse.
