El Consell ve un "chantaje" vincular la financiación a la ayuda a Farmaindustria

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, no veía clara la «motivación» de un convenio que les ponía «entre la espada y la pared». Su compañero en el Consell, el titular de la cartera de Hacienda, Vicent Soler, fue ayer un paso más allá y tachó de «chantaje» el que las comunidades autónomas que quieran acceder a los fondos del FLA tengan que adherirse a un convenio con la patronal de la industria farmacéutica en el que se marca un «mínimo» de crecimiento de medicamentos de marca anual o, en su defecto, incentivos al sector.

«El FLA es un préstamo del Gobierno y con las condiciones que quiere», explicó por lo que incluir esta cláusula era «un chantaje» porque comunidades infrafinanciadas como la valenciana «necesitan» de este fondo de liquidez autonómica.

«Es un chantaje también por lo que hace a la política sanitaria porque perdemos autonomía de decisión política, sobre qué política de medicamentos podemos tener de acuerdo a nuestra manera de pensar», añadió ya que el convenio legisla sobre el crecimiento en gasto farmacéutico de medicamentos «no genéricos», o sea, de marca, lo que choca de frente con las políticas del Consell de fomentar tanto este tipo de fármacos como los biosimilares.

Cuanto más se apuesta por estas alternativas, menos se estaría colaborando en este porcentaje de fármacos «de marca» por lo que, la cuenta a final de año saldría en negativo, es decir, en el escenario en el que el convenio prevé «incentivos», según se incluye en el apartado segundo del escrito rubricado el pasado 29 de diciembre de 2016 por el ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, la de Sanidad, Dolors Montserrat y el presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo. Si este gasto crece por encima del PIB (previsto o real), será la industria la obligada a realizar compensaciones a las comunidades en metálico «o especie».

La reacción de Soler no fue única. En parecidos términos se expresaron ayer dirigentes de otras regiones afectadas como la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que criticó esta vinculación para acceder al FLA y acusó al Gobierno de pretender «asfixiar» a las comunidades autónomas para entregar el «negocio» de los medicamentos a las grandes industrias farmacéuticas.

De «chantaje» hablaron también ayer entidades de pacientes y consumidores como Facua a nivel estatal o la valenciana Acdesa cuyo presidente Alfons Polo habló de «chantaje clarísimo del Estado a las comunidades autónomas». «Entiendo que se está intentando hacer bien promoviendo los genéricos, por ejemplo pero se establece una cuota a la industria. Es algo que no se debería permitir», aseguró el representante de la plataforma ciudadana.

Sin cobrar en 2016

La patronal de la industria farmacéutica optó ayer por dar su versión tras la polémica nacional generada tras conocerse este «peaje» al que ahora mismo están sometidas hasta nueve regiones que cobran el FLA.

Desde Farmaindustria incidieron en que el espíritu del convenio es limitar el gasto farmacéutico y que el compromiso de la patronal de compensar a las regiones era una «garantía de sostenibilidad del sistema nacional de salud».

Sobre los incentivos «previstos a su favor, desde Farmaindustria alegaron que ya en 2016 se dio el escenario para poder reclamarlos pero, que aún así, «no se aprobó incentivo alguno». Según la memoria 2016 de la patronal, el gasto farmacéutico que contabiliza en el protocolo, es decir, los medicamentos de marca disminuyeron de 2015 a 2016 «un 0.5 %, una tasa muy inferior a los límites fijados» en el protocolo y que, según el PIB de 2016 se establecía entre el +2,1 y el +3,2 %.

La patronal defendió que no había habido cobro porque estos no eran «automáticos» y solo era «una posibilidad» que se reflejaba en el convenio y que, de hecho, se necesitaría hasta una modificación de un real decreto, el RDL 8/2010, para hacerlos efectivos.