Los rectores de las cinco universidades públicas estiman que tardarán «entre tres y cinco meses» en poder cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana de facilitar al PP las 323.000 de las cajas fijas universitarias de los 9 años que van de 2006 a 2014.
Este es el tiempo que el rector de la Universidad de Alicante (UA) y presidente de turno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas (Crupv), Manuel Palomar, estima que les costará digitalizar los más de 1,3 millones de documentos que acompañan a los citados registros contables.
El TSJ emitió hace más de un año una sentencia que obliga a la Conselleria de Educación a entregar al grupo popular de las Corts la relación de gastos (justificantes y facturas incluidas) de la caja fija de las cinco universidades públicas valencianas entre 2006 y 2014.
El pasado 30 de octubre el alto tribunal emitió una providencia en la que advierte a Educación de que «en caso de persistir en el incumplimiento daría lugar a la imposición de una multa de 1.000 euros, reiterable cada 20 días». Así pues, los cinco meses de los que hablan los rectores para poder poner a disposición de la conselleria los documentos solicitados se podrían traducir en 7,5 millones de multas para el departamento del conseller Vicent Marzà.
Ninguno de los cinco rectores, reunidos ayer en el debate anual sobre las universidades públicas que desde hace 11 años convoca la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València (Rseapv), cuestiona la sentencia del TSJ. Es más, todos defienden su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La digitalización de las facturas les obliga a contratar a personal «para no bloquear los servicios universitarios», detalla Palomar.
El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, afirmó con el asentimiento de los otros cuatro rectores que «nadie del Consell del PP nos solicitó nunca las facturas de las cajas fijas».
Morcillo añade que estas provisiones de fondos para atender gastos corrientes menores (dietas, locomoción, material) «están auditadas por la Intervención General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes y los consejos sociales de las universidades».
«No hay ningún documento de caja fija sin su factura, no hay gastos sin justificar», aseveró. La caja fija de estos 9 años, que suma 121, 6 millones de euros, supone una mínima parte del gasto de las universidades: un 6 % en la Miguel Hernández (UMH) de Elx , sobre un 1 % en la UV y la UA, apenas un 0,4 % en la Universitat Politècnica de València (UPV).
«Insatisfacción» con el Botànic
Los rectores mostraron su «insatisfacción» por el limitado aumento del 1 % de la transferencia ordinaria del Consell a las universidades en el presupuesto de 2018. Las universidades, que en 2009 recibían de la Generalitat 1.365 millones de euros de subvención anual y el próximo año tienen asignados 679 millones, reclaman que dicha cuantía sea lo más cercana posible a la transferencia de 2010.
Palomar sostiene que aún estarán el próximo año «100 millones por debajo de la financiación de 2010, aunque somos conscientes de que con la infrafinanciada autonómica es imposible llegar, pero hubiéramos agradecido el gesto de al menos un incremento del 30 %».
El rector de la Jaume I (UJI) de Castelló, Vicent Climent, añade que el Consell «atiende más a las personas con la bajada de tasas a los estudiantes y la recuperación del poder adquisitivo del profesorado y del personal de servicios, que al núcleo central de la universidad para investigación y docencia».
