La ayuda valenciana al copago farmacéutico ha encontrado un nuevo aliado. En la jornada de ayer, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recomendó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ampliar la protección de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Para ello, la institución española ha sugerido una modificación de la Ley del Medicamento que tenga como fin «garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan».
Según el organismo de defensa del ciudadano, la normativa que regula desde julio de 2012 el modelo de copago farmacéutico -el cual implica que el paciente tiene que sufragar en mano un porcentaje del coste del medicamento- perjudica «la situación de muchos pacientes en situación de vulnerabilidad» y supone «un riesgo adicional» para que los afectados se adhieran «a los tratamientos médicos en determinadas circunstancias».
Entre las medidas propuestas, el Defensor del Pueblo destacó la exención o aplicación de un porcentaje mínimo del copago a aquellos pacientes «afectados por enfermedades crónicas y graves» -entre las que se encontrarían las catalogadas como raras, degenerativas y oncológicas- especialmente cuando estas enfermedades afecten a menores de edad.
Del mismo modo, la institución también calificó como "necesario» eximir del copago a las personas con discapacidad con grado reconocido y a todos aquellos ciudadanos cuyos ingresos económicos de cualquier naturaleza no superen un umbral mínimo determinado por los indicadores de riesgo de pobreza.
Similar al valenciano
El nuevo modelo propuesto por el Defensor del Pueblo comparte similitudes con los dos decretos impulsados por el Consell en 2015, los cuales tenían como objetivo compensar este copago en la adquisición de medicamentos y ortoprótesis.
Entre los colectivos valencianos que se pueden adherir a esta ayuda se encuentran los pensionistas valencianos asegurados dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) y con un nivel de ingresos inferior a una base liquidablede 18.000 euros anuales. Además, también son beneficiarios las personas que posean una discapacidad reconocida igual o superior al 33 % en menores de 18 y del 65 % en mayores de esta edad.
Esta petición del Defensor se produce casi cinco meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anulara los decretos del Consell tras el recurso presentado por la Abogacía del Estado a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy alegando que se producía una invasión de sus competencias. En octubre, el TSJCV admitió a trámite el recurso de la Conselleria de Sanidad contra esta sentencia, que aún no ha sido resuelto.
