Ni hubo heridos, ni agresiones, ni falta de medios policiales. Eso es lo que defiende el Gobierno de España respecto a la violencia que se vivió durante la manifestación del pasado 9 d´Octubre y por la cual hay 17 investigados. En respuesta a una bateria de preguntas presentadas en el Congreso por los diputados de Unidos Podemos Alberto Garzón y Ricardo Sixto acerca del dispositivo policial y la actuación de la delegación del Gobierno durante aquel día, el Ejecutivo de Mariano Rajoy defiende la actuación de los mandos y agentes. En este sentido, resalta que se «actuó en todo momento bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad».

En el escrito, el informe de la Delegación del Gobierno cifra en 700 las personas que acudieron a la manifestación del Nou d´Octubre. «A dicha manifestación comunicada se unieron unas 300 personas en una concentración no comunicada de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), Arran y Endavant. Colectivos que desplegaron sus propias pancartas con un lema diferente: la independència és l´únic camí. Por lo tanto, en el inicio de la plaza de San Agustín se concentraron alrededor de 1.000 personas», reza la respuesta.

Por contra, contabiliza en «5.000-7.000 una concentración en los alrededores de la plaza San Agustín, plaza de Toros, calle Xàtiva y calle Colón en defensa del valencianismo donde no había convocante alguno».

Más allá de la guerra de cifras (el documento dice que hubo 514 agentes nacionales), el Gobierno no ve agresiones en los hechos de la diada.

«A las 17.30 horas aparecieron un grupo de 50-70 jóvenes pertenecientes a grupos radicales, que se dispersaron entre los asistentes. A las 17.35 horas se registraron conatos de enfrentamientos y carreras entre grupos antagónicos, con insultos y cánticos en las calles aledañas a plaza San Agustín», relata el Ejecutivo en su cronología.

«A las 17. 38 horas siguen los conatos de enfrentamientos tanto verbales como físicos entre grupos antagónicos, resolviéndose por presencia policial», zanja la respuesta, que añade que a las 18.32 horas se realizó un cordón policial para proteger «a los manifestantes rezagados», esto es, los que quedaron embolsados por los grupos ultra.

Además, el Gobierno defiende que desde las detenciones «ha habido agilidad, rapidez y firmeza. Cabe señalar que no hubo heridos, tampoco daños en bienes ni cargas policiales», subraya el informe hecho público.

Sixto pide el cese de Moragues

Ante la respuesta, el diputado valenciano Ricardo Sixto volvió ayer a exigir la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues.

«La respuesta certifica la mala actuación de la Delegación del Gobierno ese día tanto en la procesión cívica de la mañana, donde admiten que se insultó a las autoridades y que no se identificó a nadie, como por la tarde, cuando la policía lo que hizo fue cercar a los convocantes a la manifestación y permitir que los contramanifestantes de ultraderecha se situaran a su alrededor y agredieran física y verbalmente a los que participaban en la misma. ¿Desde cuándo se hace un operativo para, por otro lado, dejar que campen a sus anchas los grupos de extrema derecha?», se pregunta el diputado.