Cualquiera puede tener un día inaccesible. Un papá que empuja el carrito de su bebé y se enfrenta a unas escaleras, una mujer que no puede subir al autobús con su carro de la compra sin que alguien la ayude, una persona mayor que no sale a pasear porque su edificio no tiene ascensor, un joven que se ha roto las dos piernas y no puede acceder con la silla de ruedas que le han prestado al bar donde ha quedado con sus amigos... Sin embargo, será una cosa puntual, algo pasajero. La anécdota del día. En cambio, para las personas con discapacidad todos los días son inaccesibles. Si no es por una cosa, será por la otra. Para el colectivo pasar el día de forma autónoma, sin perdirle ayuda a nadie o sin precisar de compañía es un imposible. La anécdota se reproduce los 365 días del año. Casi sin excepción.
Hoy domingo se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero el colectivo poco puede celebrar cuando las promesas no se cumplen y los compromisos parecen milagros que se le han pedido a la Virgen de Lourdes. Mañana, 4 de diciembre de 2017, todo debería ser accesible. Y todo es todo. No ha habido sorpresas. El incumplimiento era previsible. Y es que la Ley General deDerechos de Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social establece mañana como el límite temporal para que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles, en aras de la no discriminación y de la accesibilidad universal.
Lo más visible en cuanto a accesibilidad se refiere son las barreras arquitectónicas y la Administración ha realizado un esfuerzo para ir eliminándolas poco a poco. Sin embargo, un simple escalón, un bordillo que no está rebajado o una rampa con demasiada inclinación puede dar la apariencia de una barrera eliminada, cuando no lo es. Si se precisa de ayuda externa no es accesible. Punto. La falta de accesibilidad para las personas con discapacidad repercute, además, a todos los ámbitos de la vida. Desde tomarse un café, hasta ir a trabajar pasando por ir al teatro, al médico, a los juzgados o a una conferencia. Vayamos por partes con algunos ejemplos y la colaboración de Cocemfe.
Juan José Moreno tiene esclerosos múltiple y busca una vivienda en planta baja. Hace diez años quedó postrado en una silla de ruedas, primero manual y ahora eléctrica, tras conseguir el dinero necesario. «Me ha costado 580 euros, y menos mal porque nuevas cuestan entre 2.500 y 3.000 euros. Aún estoy esperando la silla eléctrica que me prometió la conselleria hace tres años», explica.
Cuando se produce esta entrevista Juan José estaba en el portal de su casa. Su finca sí tiene ascensor, pero también escaleras para acceder a él. Juan José tiene los deberes hechos y el inmueble cuenta con una rampa elevadora que, sin embargo, pasa más tiempo estropeada que en funcionamiento. «Estoy cansado de no poder moverme tranquilo. Así que busco una vivienda en planta baja, que tenga plato de ducha y sea accesible para una silla de ruedas, pero parece un imposible. No encuentro nada que pueda pagar», explica. Y es que cuando una persona tiene una discapacidad más vale que tenga el bolsillo repleto de billetes para poder hacer su vida algo más cómoda. Si hablamos de movilidad reducida a Juan José se le seca la boca. «Tiendas, bares, locales, bancos, universidades, ayuntamientos... Cualquier bordillo o escalón impide la autonomía y que las rampas no sirven para la silla de ruedas manual», recalca.
Bruno Merlo tuvo un accidente con 23 años en una playa de Guatemala y se rompió dos vértebras cervicales. Hace 18 años que emplea una silla de ruedas manual. No quiere otra. Principalmente porque eso le impediría utilizar un vehículo adaptado y por ahí, con lo viajero que es, no pasa. Eso sí, tanto él como cualquier persona que quiera adaptar su coche debe gastar 3.000 euros en la adaptacion y 6.000 en la plataforma elevadora para poder subir al coche. Bruno es optimista y luchador, tiene un mensaje para las sesiones de rehabilitación y terapias similares. «Las perpectivas de futuro son imposibles, pero no se contempla que lo que necesitas es moverte de forma autónoma con tu silla, pero nadie te enseña a sortear un bordillo o a circular por tierra», asegura.
Pero hablar de movilidad reducida no siempre es sinónimo de usuario en silla de ruedas. Fernando Egido, con falta de movilidad en los miembros superiores, tiene graves problemas para tareas tan sencillas como pulsar el botón de un ascensor, sacar dinero de un billete de metro. Son las mismas dificultades con las que se encuentra Carmen de Jorge (osteoroposis imperfecta) que suma falta de accesibilidad en su lugar de trabajo: los juzgados de la Comunitat Valenciana.
Barreras judiciales
«Todos los días acudo con mi socio José Vicente Gimeno a la Ciudad de la Justicia y las barreras que nos encontramos son de dos tipos, del entorno y del procedimiento. En cuanto al entorno, no existen mostradores adaptados para personas en silla de ruedas o como en mi caso de talla baja. Tan solo algún juzgado de la Comunitat Valenciana lo tiene. Tampoco existe ningún tipo de adaptación para personas con problemas visuales, tan solo son adaptados los ascensores», explica la abogada Carmen de Jorge. Y continúa: «Los procedimientos judiciales son rígidos y encorsetados, las barreras que se encuentra el ciudadano con discapacidad o el propio letrado que propone en el Juzgado una adaptación son infranqueables. Hay un gran desconocimiento de la discapacidad, de los derechos y necesidades de las personas con discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, no se prevé que los procedimientos de Modificación de la Capacidad, sean adaptados a cada discapacidad, privándoles directamente de sus derechos civiles (derecho al voto, la posibilidad de ajustar la administración de su persona y bienes a sus capacidades). También hemos constatado que la barrera a la información y del lenguaje es otra forma de discriminación. En Asturias, sin embargo, en los procedimientos de Modificación de la Capacidad, se explica al interesado, por el método de ´lectura fácil´, el procedimiento, lo que tiene que hacer, la decisión del juez y sus consecuencias. Eso abre nuevas vías para su implantación en otras Comunidades Autónomas».
Ana Morales tiene 47 años y padece una discapacidad auditiva profunda-severa desde que tenía seis. «He encontrado muchas barreras en mi vida. Por ejemplo, cuando voy al médico, la mayoría de las veces te suelen llamar por megafonía y por mucho que les digo que no me llamen... No hay manera. Una vez fui a una consulta y me tiré como unas 5 horas esperando. Al final, según ellos, como se había pasado mi hora, me cogieron la última, cuando les había dicho que no me llamaran por megafonía. Son cosas a las que no te acostumbras y piensas? ¿Qué necesidad tengo de estar siempre así?», se pregunta.
Además, Ana no puede hablar por teléfono, con lo cual se tiene que personar en todas partes. «Ya no es solo el tiempo que me hacen perder, sino encontrar más trabas y problemas porque los Organismos Oficiales no están adaptados y tienes que hacer mil y una locuras para poder entenderte. Sin contar la cantidad de veces que tengo que volver. El entorno no está adaptado a casi ninguna discapacidad y me da mucha pensa que la gente no es consciente de que todos tendremos en nuestra vida una discapacidad... antes o después», concluye.
