La defensa del exalcalde de Manises, Enrique Crespo, y expresidente de la Entidad metropolitana de servicios hidráulicos (Emshi) y Emarsa ha solicitado la absolución del dirigente político en el juicio por el saqueo de la depuradora de Pinedo por la falta de pruebas reales contra él. «No bastan indicios, ni la apariencia de participación, eso no basta para una condena», asegura José Antonio Choclán, el abogado que ya ha logrado la absolución de Crespo en el juicio por un presunto alzamiento de bienes contra Crespo, sus padres y hermano.

«Crespo simultaneaba varios cargos y eso le impedía ejercer con responsabilidad como presidente de la Emshi y de Emarsa, pero eso no es delito», ha defendido el letrado de la defensa del también exvicepresidente de la Diputación de València. De esta manera, Crespo ejercía de «presidente institucional» de las dos empresas públicas hidráulicas pero, asegura la defensa de Crespo, «quienes mandaban realmente en Emarsa eran Esteban Cuesta (gerente), Enrique Arnal (director financiero) y Sebastián García Martínez ´Chanín´ (jefe de informática)».

Choclán no ha rehuído el fondo de la cuestión, que «Emarsa ha sido un desastre y un descontrol total, pero no es justo recaer toda la responsabilidad en el presidente institucional de Emarsa». Incluso ha añadido que Crespo no podía ser «un superhéroe que ha eludido todos los controles» y que logró incluso «burlar a los funcionarios habilitados nacionales (el interventor y el secretario) de la Emshi que eran quienes debían velar por el control de la legalidad». De hecho, la defensa de Crespo considera al gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, «el presidente ejecutivo de Emarsa y todo el acontecer delictivo estaba diseñado por él».

La defensa de Crespo también ha destacado que la investigación tributaria a Enrique Crespo y toda su familia no ha permitido descubrir «un incremento injustificado de su patrimonio y eso supone una prueba de descargo» en beneficio de su inocencia, según Choclán. Y considera «populismo punitivo» que las fiscales soliciten veinte años de cárcel para Crespo por malversación en la Epsar y Emarsa, porque «en el peor de los casos, Crespose beneficiaria del Código Penal de 2003, por lo que la condena máxima no debería exceder los ocho años de cárcel». No obstante, la defensa de Crespo considera que «existen más razones para absolverlo que para condenarlo».