La cuestión territorial y el conflicto en Cataluña sobrevoló el debate, aunque los ponentes coincidieron en que la reforma constitucional no puede plantearse para solucionar el problema de una parte de España. Dicho esto, también hubo unanimidad en que el título VIII de la Carta Magna, aquel que habla de la organización territorial del Estado, debe completarse ya que, en palabras de Vicente Garrido, la Constitución "no proclama el estado autonómico, aunque sí sienta las bases para la descentralización". "La única manera de garantizar la unidad de España es con un estado de autonomías fuerte, que nadie piense que recentralizando se va a fortalecer España", prosiguió.
Con todo, el problema no se resolverá sin sumar a la ecuación el sistema de financiaciación autonómica, pues sin "financiación, no hay autonomía", remarcó Garrido, para quien las bases del reparto de los recursos deben estar blindadas en la Constitución y no, como hasta ahora, en un ley orgánica.
La necesidad de introducir en la Constitución la organización territorial (lista de competencias, etc.) es compartida por Remedio Sánchez, para quien "el estado de la autonomías no existe en el norma superior, si bien se ha ido "completando, desconcentrando y desconcertando".
La catedrática dejó claro su particular desconcierto por cómo están funcionando los territorios: "Esto es ya un estado federal en todo menos en el nombre", indicó en alusión al grado de descentralización. Y apostilló: "Lo que falta es que los territorios asuman sus responsabilidades".
Sánchez fue muy crítica con el papel de las autonomías a la hora de enfrentar la reforma de la financiación. Todo el mundo, dijo, está de acuerdo en que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada, pero nadie quiere romper el status quo y su respuesta es 'lo mío no se toca'. "¿Qué estado federal se puede hacer con estos mimbres? Esto es una broma", indicó. "Abogo por introducir técnicas federales, pero en un estado donde los territorios sean responsables de lo que gastan y de lo que reciben", apostilló Sánchez. Hay que dejar la negociación bilateral y acudir a instrumentos de multilateralidad.
El desafío catalán y la declaración unilateral de independencia puede ser, sin embargo, una oportunidad para abrir el debate sobre la organización territorial, según el punto de vista de Roberto Viciano, quien subrayó que el pasado 10 de octubre, "cuando Cataluña tomó la decisión espúrea de declararse independiente cayó ese mito".
"Cuando 2700 empresas se van, a todos ha quedado claro que la declaración unilateral no es viable en esta Constitución", señaló el profesor. "El debate sobre el proceso autonómico ya no será el mismo, porque nos hemos dado cuenta de que el camino no iba a ningún lado, por eso es una suerte poder abordar el debate, destruyendo el mito de la independencia".
Viciano comparte también la reflexión de su colega Remedio Sánchez sobre la responsabilidad que debe exigirse a los territorios: "No se puede seguir con una organización del Estado con reminiscencias medievales, donde se establecen negociaciones bilaterales", apuntó Viciano, quien también se mostró partidario de revisar el concierto vasco..
No hay dudas tampoco para Rosario García de que "una vez cerrado el modelo de Estado autonómico, el mapa debe plasmarse en la Constitución", una norma fundamental, subrayó, que ni si quiera recoge las denominaciones oficiales de las comunidades autónomas. "No es un espejo de lo real y si no abordamos esta reforma, seguiremos sin estar cómodos y seguirán los problemas", indicó.
Para la catedrática, no hay duda de que "la gran batalla" es la de la "financiación". La constitucionalista situó el reto en de qué manera evitar la insolidaridad entre los territorios, algo que subrayó está prohibido expresamente en la Carta Magna de 1978.
Sobre el conflicto territorial y la necesidad de darle respuesta se pronunció también el profesor José Asensi Sabater: "La Constitución Española puso las bases, pero la cuestión territorial no está solucionada, igual que otras cuestiones como la Monarquía o la República".
Asensi se mostró de acuerdo en que el Consejo de Política Fiscal radique en Senado, "que es una cámara inutil". La reforma del Senado, apostilló, puede implicar muchas cosas, tales como el modelo federalizante que recoja las bases de la financiación. Y ¿Por qué no aceptar singularidades, si no afectan a la igualdad en sus principios básicos?, remató.
Los cuatro, además, coincidieron en que las autonomías, actores que no existían en 1978, deben tener voz propia en el debate.
