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Presupuestos

Negociación congelada del Botànic

La comunicación de Podemos con PSPV y Compromís por los presupuestos de 2018 ya se reduce a contactos informales entre diputados - El partido morado ve avances lentos y se resiste a dar su apoyo

Los diputados de Podemos Antonio Estañ, Antonio Montiel y David Torres en un pleno de las Corts. efe/k. f.

"Se producen avances pero muy poco a poco". La frase es de un relevante cargo de Podemos. Resume bien el estado de ánimo del socio externo del Pacte del Botànic a 15 días de que se voten en les Corts del Consell para 2018, las cuentas clave porque alcanzarán casi al período preelectoral previo a 2019.

Hace semanas que no se producen reuniones. Ya no existe negociación directa entre Podemos y el gobierno de Puig y Oltra por los presupuestos ni tampoco con los partidos que lo sustentan, PSPV y Compromís. Los encuentros se reducen a contactos informales entre diputados sobre enmiendas presentadas a los presupuestos.

Y ya no habrá movimientos hasta finales de la próxima semana (miércoles, jueves y viernes) cuando se debata y vote en comisión el proyecto de ley de presupuestos. Entonces las cartas estarán ya sobre la mesa. Lo que ocurra allí será definitivo y entre el 19 y el 21 de diciembre (día de las elecciones catalanas) el presupuesto quedará aprobado o prorrogado, un escenario que supondría un golpe fatal para el pacto y su ruptura de facto.

Podemos ya anunció el día en que rompió la unidad de acción del Botànic que las adhesiones inquebrantables formaban parte del pasado y, además, el partido que lidera Antonio Estañ acaba de perder frente a PSPV y Compromís la batalla por la tasa turística (pese a la rebaja introducida) o la del plan integral de residuos (que incluía el sistema de depósitos SDDR) lo que aún deja más en el aire su apoyo a las cuentas.

Ello obligaría a PSPV y Compromís a buscar de nuevo el apoyo de los cuatro exdiputados de Ciudadanos no adscritos, que también han amagado esta semana con no apoyarlos.

Mientras, el debate interno en Podemos entre quienes ven insuficientes las cesiones de sus socios y rechazan dar su apoyo a las cuentas y quienes son más proclives a al 'sí' sigue abierta por lo que la posición definitiva no está tomada.

El rechazo a la tasa turística por parte de PSPV y Compromís ha molestado, pero no es suficiente para rechazar las cuentas, según explican. "Se les han visto las vergüenzas porque llevan meses diciendo que son buenas iniciativas pero cuando ha llegado el momento las han tumbado", lamenta un diputado de Podemos que matiza que la decisión se adoptará sobre el presupuesto en conjunto.

En esa situación, la formación morada se conforma estos días con sacar pecho de las conquistas que logró el martes en el debate de la ley de acompañamiento, la de que los agentes forestales queden adscritos a la agencia valenciana de emergencias, que ahora tendrá un cuerpo específico inédito en España, o la aceptación de la petición sobre los orientadores laborales. Pero hay otras cuestiones planteadas por Podemos que no se han resuelto y que preocupan al socio externo del Consell.

La formación morada sigue reclamando, por ejemplo, más ayudas para la accesibilidad justo en el momento en el que acaba de entrar en vigor de la ley que obliga a que los recintos públicos estén adaptados para personas con discapacidad y para lo que el Consell apenas ha destinado presupuesto (se recogen 1,6 millones pero la formación de Estañ pide al menos cuatro). En estos momentos cualquier persona con discapacidad está ya amparada por la ley para presentar denuncia ante la falta de accesos a edificios públicos.

Otras cuestiones donde en su día se avanzó pero no lo suficiente según Podemos siguen vivas como la reclamación de más dinero para parque público de vivienda o el incremento de fondos para paliar la pobreza farmacológica.

Cs pide ayudas al coche eléctrico

Mientras, el grupo Ciudadanos (Cs) en las Corts quiere que en los próximos presupuestos de la Generalitat, la Conselleria de Economía Sostenible destine casi un millón de euros al fomento y desarrollo del coche eléctrico. Así, pide ayudas de 150.000 euros a entidades locales para instalar sistemas de recarga en edificios públicos y de 300.000 en recintos privados.

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