¿Quién mató a María del Carmen Martínez la tarde del 9 de diciembre del año pasado? ¿Dónde está el arma con la que le dispararon en la cabeza? ¿Fue realmente su yerno Miguel López quien acabó con su vida, como sostiene la Policía? Si tan claro tenían desde el principio que era el responsable de la muerte de su suegra, ¿por qué tardaron dos meses en detenerle?¿Fue el crimen obra de una sola persona? ¿Por qué no se pincharon los teléfonos del hijo mayor de la víctima y los de su familia como hicieron con los de sus tres hermanas, incluida la hija menor del sospechoso de 11 años? ¿De quién son los restos de ADN encontrados en la mano izquierda de la viuda de expresidente de la CAM Vicente Sala? ¿Y los hallados en los casquillos, también masculinos y ningunos de ellos coincidentes con los de Miguel López? ¿Por qué no se pidió antes (acaba de hacerse) su cotejo con el de todos los presentes en la escena del crimen si desde mayo se sabe de su existencia?¿Qué contienen los aparatos electrónicos intervenidos a López a cuya información los investigadores aún no han podido acceder?¿Por qué en estos meses de pesquisas no se le ha reclamado la clave de acceso? ¿Por qué no se han hecho indagaciones que vayan más allá de la mera identidad acerca de las dos personas a las que se llamó con una tarjeta prepago que el sospechoso compró días después de una turbulenta junta de accionistas de los negocios familiares, considerados por el juez, el fiscal y la Policía el móvil del asesinato?¿Realmente se manipuló el teléfono de la víctima después de ser tiroteada? Si es así, ¿quién lo hizo? ¿Cuándo se presume que finalizará la instrucción del caso tras las nuevas diligencias solicitadas? ¿Llegará el asunto a juicio o archivará el juez las actuaciones?
Un año después de que María del Carmen Martínez recibiera dos balazos en la cabeza en el lavadero del negocio familiar de automoción que regentaba el marido de la pequeña de su cuatro hijos, y al que había ido a recoger su coche, continúan sin aclararse las principales incógnitas de una instrucción que sigue sustentada en gran parte de los indicios aportados por los investigadores pero que no ha sido capaz de aportar pruebas directas que inculpen al único detenido por este crimen.
Unas conjeturas que la Policía cifra en más de una veintena y en las que se apoyó el magistrado José Luis de la Fuente para ordenar la detención de Miguel López dos meses después del asesinato como autor material e intelectual de mismo. Al arresto le siguieron 39 días en la prisión de Fontcalent de la que salió tras abonar una fianza de 150.000 euros y con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado (lo que viene haciendo desde entonces) y la prohibición tanto de salir de España como de acercarse a Novocar. Un negocio en el que fue relevado por los propietarios (los cuatro hermanos Sala Martínez, entre los que se encuentra su mujer) y que hoy es ya historia junto al del rent a car, que también gestionaba.
Con el sospechoso en la calle, y tras el impulso inicial que se dio a un caso con todos los requisitos para atraer una atracción mediática sin precedentes (el modo en que se perpetró el asesinato, dinero, familia conocida aunque discreta pero con contactos hasta con la Casa Real, conflicto empresarial en el mismo núcleo...), la instrucción entró en un impasse que un juez no excesivamente proactivo rompió hace poco más de un mes al dar cinco días para que las partes pidieran las diligencias que consideraran necesarias antes de poner fin a la investigación.
Un plazo que la defensa de Miguel López, el letrado Javier Sánchez-Vera, ha aprovechado para solicitar una batería de nuevas pruebas entre las que destaca, por lo inusual, la práctica de una segunda autopsia a la víctima pero sobre las imágenes que se tomaron durante la realización de la primera. La diligencia, acordada por el juez, se encuentra en este momento recurrida por Francisco Ruiz Marco, quien ejerce la acusación particular en nombre del hijo mayor de María del Carmen, Vicente Sala.
A la espera de que los investigadores puedan acceder al contenido de los aparatos electrónicos que le fueron intervenidos al sospechoso el día de su detención (donde hay datos que aparecen encriptados además de los que han sido borrados), los resultados de las pruebas de ADN y los de las herramientas localizadas en su casa (con las que, según la Policía, habría manipulado la munición), han caído a su favor. Ninguno de los restos biológicos localizados (en una mano de la víctima y en los vainas de los proyectiles) coinciden con los de López. Y el informe de la Policía Científica no pudo establecer relación entre los útiles hallados en su domicilio y las muecas que presentaban las vainas.
Para mediados de mes están citados ante el magistrado los peritos que, a instancia de la defensa de Miguel López, aseguran en un informe que desde el móvil de la víctima se realizaron y recibieron llamadas después de su muerte así como que habría usado el WhatsApp cuando, según la autopsia, estaba agonizando. Lo harán para ratificar estas afirmaciones y someterlas a contradicción por las otras partes. Pendientes está también el análisis también solicitado por el abogado de López de unas huellas dactilares detectadas en el exterior del coche (y que la Policía atribuye sin duda alguna a la fallecida) además de la declaración de una asesora de la empresa familiar.
Mientras, las relaciones entre el primogénito y sus hermanas son prácticamente inexistentes salpicadas por demandas cruzadas (en lo civil y lo mercantil) con el telón de fondo de la acción que otorga el control del grupo empresarial.
Reacios todos ellos a los medios de comunicación, únicamente desde el entorno de Miguel López y de su mujer, la menor de los Sala, han manifestado a preguntas de este diario su «tristeza y el duelo por la irreparable pérdida de Mari Carmen, que tanto falta en la familia».
