Al menos 90.000 valencianos pueden reclamar a sus ayuntamientos el Impuesto de la Plusvalía que pagaron entre 2013 y 2016 ya que vendieron sus viviendas por debajo del precio al que compraron y por tanto no registraron un incremento en sus rentas particulares.

Una sentencia del Tribunal Constitucional avala a este colectivo de ciudadanos para que la administración local les devuelva el dinero si realizaron las transmisiones hace 4 años.

En las últimas semanas, ha habido acercamientos entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP para concretar cómo tienen que actuar los ayuntamientos ante los ciudadanos afectados. Además, desde que se conoció la sentencia en febrero de este año han proliferado decenas de demandas para reclamar la devolución en los tribunales.

El propio presidente de FEMP, Abel Caballero, ha reclamado una respuesta urgente del Gobierno y una reforma inmediata del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como Impuesto de Plusvalías.

En el ámbito estatal, el número de viviendas afectadas por haberse transmitido por un valor inferior al de adquisición, estaría en torno a 550.000 inmuebles, según cálculos realizados por Tinsa a partir de sus estadísticas de evolución del precio de la vivienda, de los datos del Ministerio de Fomento y del Colegio de Registradores de la Propiedad.

En esta bolsa de viviendas se incluyen tanto operaciones de compraventa, como donaciones, permutas y herencias, que también están gravadas con el pago de este impuesto.

En la Comunitat Valenciana, hay 86.600 inmuebles, cuyos propietarios pueden exigir la devolución del dinero que pagaron. Según Tinsa, en Castelló, se vendieron 9.000 casas y pisos entre 2013 y 2016 por debajo del precio de compra; en Valencia, 30.100; y en Alicante, 47.500.

Han pasado los meses y ante la tardanza del Gobierno de España, la sentencia del TC ha generado un vacío legal que perjudica a los ciudadanos y a los propios ayuntamientos. Por ejemplo, ciudades como Quart de Poblet, Elx, Torrevieja, Ontinyent, Onda e incluso València han optado por paralizar el cobro de aquellos expedientes en los que está claro que el saldo es favorable al vecino.

Sin embargo, como explica el concejal de Hacienda de Quart de Poblet, Bartolomé Nofuentes, "la inacción del Ejecutivo de Rajoy ha provocado una situación de indefensión tanto para el ciudadano como para la administración local".

El Ejecutivo central "tiene que regularizar aquellos aspectos de la Ley de Haciendas Locales que no son constitucionales, según el TC, porque el resto del articulado es correcto". Sin embargo, hasta la fecha no se ha reformado la norma estatal que aplican los municipios. Por tanto, cada cual ha actuado según su intuición o sentido común.

"Algunos ayuntamientos hemos optado por paralizar el cobro de aquellos casos que parecen claros a favor del ciudadano, otros han decidido cobrar todas las plusvalías y más adelante devolver si lo ordena un juez, y en tercer lugar, hay ciudadanos que ya han acudido al juzgado".

Todo ello ha provocado también un problema en los presupuestos de los municipios y ciudades valencianas. Con vistas al 2018, los concejales y alcaldes no saben cómo consignar en sus cuentas los ingresos previstos por las plusvalías que siempre son una cifra importante para las arcas municipales.

Por tanto, el retraso en cambiar la Ley de Haciendas Locales está también paralizando la planificación futura de ingresos y gastos de muchos presupuestos de las poblaciones de la C. Valenciana.