El Caso Emarsa que ha juzgado el desvió de 23,5 millones de euros en la depuradora de Pinedo quedó ayer visto para sentencia tras siete meses de juicio y casi siete años de instrucción. La sentencia no se conocerá hasta mediados del próximo año, dada la complejidad de la causa. La redactarán los magistrados de la sección primera de la Audiencia de València que han presidido el juicio: Jesús Maria Huerta Garicano, Luis Carlos Presencia Rubio, y Juan Beneyto Mengó. La sentencia del Caso Terra Mítica se redactó en seis meses y la deliberación para el fallo por los amaños en Fitur de la trama Gürtel se prolongó nueve.

La última jornada del juicio apenas duró una hora. Y estuvo dedicada al derecho a la última palabra del que hicieron uso nueve de los 24 investigados. El único que proclamó su inocencia fue el exgerente de la Entidad pública de saneamiento de aguas residuales (Epsar), José Juan Morenilla, quien aseguró: «No soy un ladrón de cuello blanco, ni de ningún tipo». Morenilla, a quien la Fiscalía solicita diez años de cárcel, cargó duramente contra la «cínica acusación popular», ejercida por el PSPV, «que ya ha dictado su veredicto y se han dedicado a difamarme la última semana, tras la intervención de mi abogado». El exgerente de la Epsar acusó a los exconsejeros socialistas de Emarsa, Ramón Marí y Carmen Martínez, de «aprobar precios artificiosos del tratamiento de los lodos». También negó haber conocido las irregularidades en Emarsa. «No lo hubiera consentido». Y se mostró «dolido y preocupado, porque han arruinado mi vida y mi carrera. Jamás podré recuperar mi honor».

Otros cinco acusados que han admitido su partipación en el desvío de 23,5 millones de euros pidieron perdón públicamente por su participación en el saqueo.

Esteban Cuesta, el enfermero y exalcalde de Benimàmet que fue gerente de Emarsa, aseguró que «no ha pasado un sólo día que no me arrepienta de la decisión más mala de mi vida, por la que pido perdón al pueblo valenciano y a todos los que he fallado». Cuesta, que se enfrenta a 24 años de cárcel, confesó que su imputación ha tenido costes familiares y de salud. «Ni mi madre, mi hijo mayor ni mis hermanos me hablan. Me arrepiento y asumo lo que he hecho, pero no lo que otros me quieran adjudicar. Estoy aquí para dar la cara en lo que he hecho mal».

Enrique Arnal, exdirector económico y financiero de Emarsa a quien la Fiscalía pide 10 años de prisión, aseguró que «no me reconozco en aquella persona que contrarió la ley y la rechazo, pero debo aceptarla y convivir con ella». Tras las «tragedias, dramas, llantos y pérdidas» que le han supuesto la imputación aseguró que todo este proceso le ha provocado «un profundo cambio interior» traducido en su titulación como cuidador de grandes dependientes. Y finalizó, al borde de las lágrimas, pidiendo «perdón y benevolencia al tribunal por mi conducta; perdón a las víctimas y a mi hermano y mi mujer, inculpados aquí por mi culpa».

Sólo entre Cuesta y Arnal se gastaron un millón de euros en viajes, discotecas y comidas, según el escrito de acusación de la Fiscalía. Unos pagos de los que también se benefició la mujer de Arnal, Eva Marsal, que apenas pudo pronunciar su alegato final invadida por las lágrimas. «No concibo mi vida sin confiar en las personas que más quiero. A lo mejor soy la más tonta del mundo, pero he sufrido mucho por todo esto. No voy a recuperar nada de lo que he perdido, sólo espero recuperar mi vida».

El empresario Jorge Ignacio Roca Samper se desmarcó como cerebro del desvío de lodos. «No soy tan inteligente para controlar una trama desde Barcelona o Francia sin haber pisado nunca Emarsa». Roca se mostró como el más perjudicado de todos los investigados porque «soy el único que está desde hace dos años en la cárcel», al tiempo que mostraba su sorpresa porque «nadie se hace responsable de nada». Roca, a quien la Fiscalía pide 8 años de cárcel, admitió que «hacía facturas y me quedaba parte del dinero, pero no sabía que Emarsa era una empresa pública». También contó que está aprendiendo la profesión de panadero en prisión y pidió ser trasladado lo antes posible a la cárcel de Zaragoza para estar con su familia.

Adolfo Polo, jefe medioambiental de Emarsa, admitió el error de participar en una de las empresas de la trama de los lodos y recalcó que no se ha beneficiado económicamente y que su única propiedad es un coche con 15.000 kilómetros, aunque ha pedido perdón al tribunal «y aceptaré la pena que me impongan», aseguró tras repasar todas las causas en las que colabora como voluntario. Sebastián García Martínez «Chanín», el informático de Emarsa, mostró su «profundo arrepentimiento. Pido perdón al tribunal y si he perjudicado a personas e instituciones». Daniel Calzada, el constructor condenado a 5 años por apropiación indebida, pidió al tribunal que «miren las pruebas y todo lo que se ha presentado, porque esto para ustedes es su trabajo, pero para mí es mi vida». Y el empresario Vicente Ros se desvinculó de dos de las empresas que participaron en la trama de los lodos, de las que «nunca he sido apoderado ni he llevado la rienda de Iris Tractaments y Biomasa Trabisa».