Un informe del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aprecia indicios de presunta financiación irregular en la campaña de 2011 del PP de la ciudad de València, al igual que en la de 2007. Los agentes apuntan al exvicealcalde Alfonso Grau como "el recaudador" o la "persona encargada de realizar las recaudaciones de dinero, tal como ya hizo durante los comicios electorales de 2011, según se desprende del documento incorporado al Caso Taula, en la pieza separada que investiga el presunto delito electoral en las campañas electorales de 2007 y 2011, así como el blanqueo de capitales o pitufeo presuntamente cometido en 2015.
Los investigadores constatan que, al igual que sucedió en la campaña de 2007, en los comicios de 2011 existió "una estrategia en la que al menos tomarían parte tanto Alfonso Grau como Mari Carmen García-Fuster, como recaudador de fondos y gestor de campañas y como administradora de la contabilidad del grupo municipal popular, respectivamente". De esta manera, el PP de la ciudad de València habría "instrumentalizado al grupo municipal popular para, a través de varios mecanismos, sortear la fiscalización debida y poder así superar el techo de gasto establecido, haciendo que terceros asumiesen gastos electorales propios del partido".
Por ello, la UCO considera que hay "paralelismos comunes" a las campañas electorales de 2007 y 2011, lo que supondría un delito electoral continuado. El informe subraya la "especial importancia" de una cuenta titulada por el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València que se habría utilizado para recibir donaciones y aportaciones de 'Colaboradores y Allegados' (CyA) sin identificar y recibir fondos y llevar a cabo pagos de naturaleza electoral. Esta cuenta, y su actividad, habrían permanecido "ajenas a la fiscalización", contando el grupo popular con una segunda cuenta --esta sí fiscalizada-- en otro banco en la que se recibían las subvenciones correspondientes.
La Guardia Civil también recuerda las manifestaciones de la exsecretaria del grupo municipal popular en el Ayuntamiento María del Carmen García Fuster en las que aludía a la figura de un recaudador cuya identidad no quiso desvelar. Aun así, a juicio policial se ha podido comprobar durante el desarrollo de la investigación que en el año 2007 Alfonso Grau --que fue vicealcalde y número 2 de la alcaldesa Rita Barberá-- habría sido la persona encargada de recaudar los fondos --concretamente habría entregado 350.000 euros en efectivo a un asesor y dado indicaciones para recoger un cheque de 150.000 euros--, todo ello con la finalidad de saldar deudas de campaña.
En el año 2011,también se produjeron recaudaciones efectuadas que posteriormente habrían sido ingresadas en la cuenta no oficial. "Indiciariamente, y sin contar con un testimonio privilegiado como en el caso anterior, se podría concluir de lo aunado hasta la fecha que, al igual que habría sucedido en 2007, la persona encargada de llevar a cabo las recaudaciones habría sido Alfonso Grau", apunta.
Los especialistas del Grupo de Delitos contra la Administración señalan una nueva similitud: tanto en 2007 como en 2011 se habría establecido un marco contractual con empresas de servicios electorales por un valor menor al real. En el año 2007 se estableció con Laterne Product Council (LPC) un contrato de 150.000 euros y los gastos superaron los 2,5 millones, mientras que en 2011, el contrato se hizo con la empresa Trasgos por 170.000 euros y los trabajos efectuados son, al menos, de 277.129 euros.
Esta circunstancia, lejos de ser "baladí" --advierten los investigadores-- "podría suponer la existencia nuevamente de una estrategia en la que al, menos formarían parte tanto Alfonso Grau como María del Carmen Fuster --como recaudador de fondos y gestor de campañas y como administradora de contabilidad del grupo, respectivamente-- y que supondría un conocimiento previo de la ausencia de medios económicos para soportar la campaña, así como la existencia de otras fuentes de financiación alternativas que lo permitirían".
La UCO resalta el papel de Grau, ya que "mientras en las elecciones de 2007 y 2011 se habría contratado a LPC y Trasgos la gestión de los actos de campaña y el portavoz encargado de la gestión de las mismas habría sido Alfonso Grau, en el año 2015, siendo el portavoz Alfonso Novo, no se habría contratado la gestión de ninguna empresa".
Finalmente, se concluye que "el aumento y la ocultación del gasto de naturaleza electoral producido como consecuencia de las elecciones de 2011 gestionadas por el grupo municipal (popular), al igual que en 2007, provocó la ejecución de unas dinámicas de ingresos para amortizarlas, parte desde la cuenta bancaria titulada por el GMPP gracias al ingreso de cantidades de dinero en efectivo de procedencia desconocida y atribuida a un recaudador y parte de ellas en efectivo". "Además de estos importes pagados, restaría una parte de dinero aún sin cuantificar que, al igual que en 2007, podría haber sido pagada de manera indirecta mediante la facturación con terceras empresas simulando relaciones comerciales inexistentes".
