El Botànic no se resquebrajará antes de 2018. La herida abierta en las últimas semanas entre los socios del tripartito valenciano no ha cicatrizado pero tampoco sangrará más, aunque sea de momento.

En Podemos están ya razonablemente satisfechos con la letra pequeña de los presupuestos de 2018. La música ya empieza a sonar bien para los podemistas.

Ayer fuentes de la formación cifraban en un 99 % las conquistas alcanzadas. Creen que se han producido numerosos avances, que se han incorporado muchas de las reivindicaciones que demandaban hace unas semanas, que llegaron a cifrar en unos 300 millones de euros el pasado 24 de octubre.

Aunque agitan el discurso de que sus socios (PSPV y Compromís) son rehenes de los grupos de presión turísticos y del sector de los residuos, destilan cierta satisfacción por lo que han logrado en este mes y medio de negociación parlamentaria a varias bandas.

Falta que la decisión de apoyar las cuentas la ratifique el lunes el Consejo Ciudadano de la formación morada, un día antes de que comience el pleno de presupuestos en las Corts que durará tres días. Pero ayer la mayoría de diputados de Podemos se mostraban prudentemente optimistas.

Un dato que anticipa que habrá sí a los presupuestos del Botànic es que Podemos ha votado en comisión afirmativamente a todas las secciones del presupuesto. La única duda es si lo harán también a la ley de Acompañamiento (una norma clave para el desarrollo de las cuentas), donde está la tasa turística, enterrada antes de nacer porque PSPV y Compromís no creen que sea el momento más adecuado para desarrollarla, con las elecciones a la vuelta de la esquina.

Poner en jaque 20.000 millones

Esa ha sido la gran ficción. Pero no parece que el rechazo de PSPV y Compromís a la tasa que grava las pernoctaciones turísticas, como también a crear una Agencia Valenciana de Residuos que abriría la puerta a la implantación del polémico sistema de depósitos SDDR o que Podemos no haya conseguido eliminar los tres millones de asignación directa a la aerolínea Air Nostrum como pretendían sean motivo suficiente para poner en jaque un presupuesto de 20.000 millones. Unas cuentas que, además, contienen muchos avances de tipo de social, que son las últimas completas de la legislatura y que incluyen medidas con sello podemista.

En Podemos creen que se ha escenificado que se salen con la suya en el pulso a sus socios del Botànic. Creen que Compromís se ha visto en la necesidad de dar estabilidad al gobierno que comparte con el PSPV y que eso les beneficia.

Pero en fuentes de Compromís y PSPV se considera que se ha dado una imagen de división innecesaria del Pacte del Botànic, que se podía haber pactado el presupuesto hace semanas, aunque entienden la necesidad del socio externo de desmarcarse del Consell. Sin embargo, algunas de las cuestiones han generado malestar como el hecho de la incompatibilidad de que altos cargos puedan ejercer la docencia o que hayan forzado la rebaja del poder adquisitivo de aquellos funcionarios que se convierten en altos cargos.

Malestar por los sueldos

Esta, la de los sueldos, o el ajuste de las percepciones como defiende el Consell, es una de las victorias que Podemos se atribuye con cierta malicia, pero que más ha molestado a sus socios del Botànic. Se trata de la pinza que Podemos y PP aplicaron esta semana para que los funcionarios de la Administración valenciana que se conviertan en altos cargos no puedan mantener sus complementos salariales cuando pasen a ejercer labores en el Consell. El malestar es elevado en el gobierno.

Ayer mismo, la vicepresidenta, Mónica Oltra, aseguró que esta posición del partido que lidera Antonio Estañ le parecía un sinsentido. La vicepresidenta aseguró que el Consell defendió está propuesta porque es de «sentido común» que un funcionario de más rango, que trabaja más horas y tiene más responsabilidad, cobre más que sus subordinados. En caso contrario, considera que al final no habrá nadie que quiera ser alto cargo.

No será por la vía de los presupuestos, pero fuentes de Podemos apuntan que es necesario cambiar la ley de Participación Institucional, la que permite que las patronales y sindicatos mayoritarios se repartan el grueso de ayudas. El PP ha planteado el cambio, pero Podemos lo vio como una vendetta a los organizadores de la manifestación por la financiación, por lo que prefirió votar con el Botànic.