La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la anulación del decreto de la Generalitat Valenciana que obligaba al personal sanitario a jubilarse, de manera forzosa, a los 65 años. De esta forma, el alto tribunal rechaza el recurso de casación interpuesto contra una sentencia previa, dictada el 26 de febrero de 2016, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que dejaba sin efecto la norma a instancias de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), según informaron ayer a través de un comunicado.

En su resolución, el Supremo ve «inconsistencia» en las alegaciones presentadas por la Generalitat y respalda la sentencia del TSJ al refrendar que «su motivación no es en modo alguno insuficiente». Desestima el argumento de la administración autonómica, le recuerda que no tiene opción de recurso de casación y le impone 3.000 euros en costas procesales.

CSIF calcula que son más de 300 los facultativos afectados a los que Conselleria de Sanidad tendrá que readmitir y abonar salarios no pagados. El sindicato recuerda que la sentencia del TSJ de febrero de 2016 anulaba los artículos que, en el decreto 136/2014 de 8 de agosto, establecen la jubilación forzosa del personal estatutario de Conselleria de Sanidad.

El sindicato añade que ese fallo estimaba el recurso interpuesto por CSIF contra el Decreto 136/2014. La sentencia defendía la prolongación en el servicio activo por un periodo inicial de un año, prorrogable anualmente a instancias del interesado, y como máximo hasta la edad de 70 años.