El Consell mantiene la sanidad universal pese a la anulación de su decreto estrella

Nada cambiará, en principio, pese a que el Tribunal Constitucional acaba de tumbar el decreto estrella del Pacte del Botànic, el primero rubricado por Ximo Puig tras asumir la presidencia del Consell y que enmendaba la plana al Gobierno central al decretar la asistencia sanitaria universal a todo aquel con residencia en la C. Valenciana, tuviera o no papeles y más allá de esos tres supuestos.

Siete de los doce magistrados del pleno del Tribunal Constitucional votaron el pasado jueves a favor de declarar inconstitucional la norma valenciana, firmada el 24 de julio de 2015, solo un mes después de la toma de posesión de Puig y de la consellera del área Carmen Montón en el nuevo Consell.

Según la sentencia del Alto Tribunal el decreto debía ser anulado ya que entraba "en contradicción" con la norma estatal y ampliaba la cobertura sanitaria vulnerando la competencia para legislar en este sentido. Gracias a esta norma valenciana, ahora anulada, 23.663 personas en situación irregular han podido acceder a asistencia sanitaria en igualdad de condiciones desde julio de 2015.

Instrucción interna vigente

Anulado el decreto por invadir competencias estatales, tanto Puig como Montón se apresuraron ayer a anunciar que nada iba a cambiar en la práctica y que se iba a seguir atendiendo a todo aquel que lo necesitara aunque no bajo la cobertura del anulado decreto 3/2015 de Sanidad Universal sino bajo una norma interna de la conselleria.

Esta instrucción, fechada solo tres días antes de aprobarse el decreto en 2015, pide que se atienda a todas las personas independientemente de si están en la C. Valenciana legalmente o no y, según recordaron ayer fuentes de Sanidad, sigue «vigente», por lo que aún sin decreto nada cambiaba tras la decisión del Constitucional.

De hecho, desde la Secretaría General Administrativa, ayer se volvió a remitir la instrucción firmada en su día por Dolores Salas a todos los departamentos de salud para recordar que se puede seguir aplicando, además en términos "muy similares" al decreto ahora anulado.

Esta instrucción interna es la que permitió a la conselleria seguir atendiendo a las personas en situación irregular durante los meses que el Constitucional mantuvo en suspenso el decreto valenciano.

Con todo, Puig adelantó ayer que no van a quedarse ahí y hay previsto un plan "B" para dar una mayor cobertura legal a esta forma de trabajar que está fuera de los límites de la restrictiva norma estatal. Así, el presidente anunció que nadie iba a ser "discriminado" en la C. Valenciana y que se iba a buscar la forma de reforzar legalmente la instrucción interna de sanidad "en los márgenes que nos permita la ley".

Pese a que no hay nada concretado, avanzó que esta nueva fórmula podría ser parecida a las ayudas al copago farmacéutico que tiene en vigor la Conselleria de Sanidad (y que también están recurridas por el Gobierno central) en las que la Administración asume el coste que la prestación tendría para el ciudadano.

Subvenciones como alternativa

"Lo que nosotros queríamos era que se visibilizara claramente el derecho. Si el Constitucional, instado por el Gobierno, no nos quiere legitimar ese derecho, lo cual me parece una profunda inhumanidad, pues buscaremos otra vía, como la subvención personalizada", concretó.

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, refrendó esta posición asegurando que buscarían "fórmulas legales oportunas" si la aplicación de las instrucciones internas de Sanidad se viera, de alguna forma, comprometida en un futuro.

"No hay desobediencia al tribunal. No es nuestra voluntad y respetamos la sentencia pero para el Gobierno de la Generalitat Valenciana la sanidad universal es irrenunciable y la seguiremos dando por estas instrucciones que están en vigor desde julio de 2015, por eso lanzamos un mensaje de tranquilidad", aseguró ayer.