19 de diciembre de 2017
19.12.2017
Derechos lingüísticos

Un "síndic" para defender el valenciano

La Oficina de Derechos Lingüísticos empieza hoy a funcionar para proteger el uso de la lengua autóctona

18.12.2017 | 23:11
Un "síndic" para defender el valenciano

A partir de hoy, aquellas personas que consideren vulnerado su derecho a expresarse en alguna de las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana cuentan con una oficina específica a la que hacer llegar sus quejas. Se trata de una suerte de síndic de Greuges especializado en la vulneración de los derechos lingüísticos, una iniciativa impulsada por la Conselleria de Educación y Cultura en su objetivo de extender el uso social del valenciano.

Como ocurrió con el decreto de uso institucional del valenciano en la Generalitat, la nueva Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) ha tenido también que rebajar parte de sus pretensiones iniciales, si bien mantiene otras cuestionadas por el Consell Jurídic Consultiu.

Así, en el preámbulo del decreto que regula esta entidad, se advierte de que la ODL no tendrá carácter sancionador, sino que su finalidad es «proporcionar apoyo y consejo a la ciudadanía para canalizar las reclamaciones, sugerencias y consultas motivadas por posibles vulneraciones de los derechos lingüísticos y tratar de erradicarlas».

Para conseguirlo, la oficina «ofrecerá a quien haya cometido la infracción los recursos adecuados para evitar que este tipo de comportamientos puedan producirse en el futuro».

En realidad, la oficina hará el mismo papel que hace el Síndic de Greuges (ya resuelve quejas lingüísticas) o la propia Conselleria de Transparencia respecto a las reclamaciones de la ciudadanía, si bien supone una suerte de especialización.

El decreto establece que, ante una reclamación fundamentada, la ODL podría iniciar un expediente informativo para averiguar los hechos denunciados y se compromete en el plazo máximo de un mes a dar una contestación en la que figure la respuesta del organismo administrativo responsable del agravio.

El decreto distingue dos situaciones: cuando la queja afecte a la Administración de la Generalitat (esta tendrá 15 días para tomar medidas de cara a enmendar la situación) o cuando afecte a otra administración. En este caso, también se le requerirá para que adopte soluciones.

Pese al criterio en contra del CJC, Política Lingüística, dirección general en manos de Rubén Trenzano, ha mantenido en el decreto la referencia a las reclamaciones a personas privadas. El PP puso en su día el grito en el cielo al considerar que se buscaba crear una suerte de «comisarios lingüísticos» que fiscalizaran incluso el ámbito privado. Para el CJC, suponía una injerencia en el ámbito privado.

Según la norma aprobada, la ODL también se dirigirá a los particulares para que tengan conocimiento de la reclamación y «adopten las medidas oportunas y formulen la respuesta que consideren procedente». Les adjuntará un informe o una recomendación y les ofrecerá asesoramiento técnico a las personas físicas y jurídicas privadas.

La ODL podrá elaborar planes de mejora en el caso de que haya reiteración de quejas en un servicio concreto y elaborará una memoria anual. Su creación no supondrá gasto añadido, ya que se llevará con recursos propios.

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