El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado este miércoles que la Abogacía está estudiando cómo "blindar" a través de instrumentos jurídicos como un nuevo decreto o una orden la sanidad universal en la Comunitat, tras anular el Tribunal Constitucional el decreto de 2015 que la garantizaba.
Así lo ha asegurado Puig a los periodistas tras reunirse en el Palau de la Generalitat con representantes de asociaciones en defensa de la sanidad universal un día después de que el Tribunal Constitucional haya anulado el decreto autonómico que permitía la atención a todos los inmigrantes en situación irregular.
Puig ha señalado que con este acto "queremos visibilizar claramente la respuesta de la Comunitat Valenciana a una sentencia que acatamos pero consideramos que no atiende al interés general, no es humana y no resuelve que, ante la salud, todos debemos ser iguales y tener las mismas posibilidades".
"Cualquier persona que esté viviendo en la Comunitat Valenciana puede ir a cualquier centro de salud u hospital con total libertad y garantías porque va a ser atendida", ha insistido Puig, quien considera "lamentable que haya partido políticos instalados en el rencor contra los inmigrantes y las personas con dificultades".
Según el jefe del Ejecutivo valenciano "cuando oyes o lees algunas informaciones en las que parece que se destile que estamos pagando a inmigrantes lo que no pagamos a personas de aquí es el caldo de cultivo de la xenofobia".
Puig ha denunciado que la sentencia del Constitucional plantea una "mirada recentralizadora" del Gobierno central "que pretende que las comunidades autónomas que tenemos las competencia en Sanidad no podamos ejercerlas en plenitud".
Ha considerado "absurdo" el planteamiento de que todas las personas deberían ir a urgencias porque, ha dicho, "no hay ninguna razón económica para esta absurda decisión del Gobierno de España de no garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas".
"Alguien puede sostener que la Comunitat no pueda atender a 23.000 personas de cinco millones de habitantes, pensar que eso pone en crisis el estado de bienestar", se ha preguntado Puig, quien ha agregado que es una "cuestión de dignidad y humanidad, de principios. Hablamos de justicia, no de beneficencia".
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha asegurado que acatan la sentencia del Constitucional pero ha recordado que hace referencia al Decreto Ley de atención universal y, al margen, quedan otros instrumentos como la instrucción "que sigue estando en vigor y totalmente vigente la atención sanitaria universal en la Comunitat".
"Seguiremos buscan fórmulas para sentar este objetivo común y que hace de la Comunitat una sociedad más decente", ha dicho Montón, quien ha instado a las organizaciones presentes en el acto a "trasladar este mensaje de tranquilidad"
"Como gobierno del cambio tenemos un compromiso irrenunciable, el acceso a una atención sanitaria integral, de calidad, en condiciones de equidad y de universalidad", ha dicho Montón, quien ha insistido en que seguirán reclamando la derogación del decreto 16/2012 que es "el principio de todo el problema".
Según la consellera "no estaríamos en esta situación si el Gobierno de Mariano Rajoy abandonara el modelo sanitario de exclusión, discriminación y de desigualdad, que aplicaron como medida de recorte aunque no se ha justificado tal ahorro económico y no solo afecta a la salud individual sino a la pública y que la atención en urgencias siempre es más gravosa que la primaria".
Por su parte, María José Moyá, en nombre de las 89 entidades que componen el Observatorio por el derecho universal a la sanidad (Odusalud), ha manifestado su "rechazo" a la sentencia del Constitucional que "restringe las competencias impidiendo que las autonomías puedan aplicar estándares básicos de salud".
"Pone en evidencia la falta de independencia del Constitucional respecto al poder legislativo y recentraliza todo el marco económico", según Moyá, quien ha agregado que a quien más penaliza es "a las autonomías que, ante el Decreto que anulaba el derecho a la sanidad, desarrollaron medidas para garantizarlo".
Además, ha señalado que el fallo "pone en riesgo la salud de miles de ciudadanos" y ha aclarado que no hay "ningún estudio económico que determine de forma clara que esta asistencia universal ha supuesto mucho dinero para las entidades públicas".
