Un extrabajador de Laterne Product Council (LPC), la consultora de comunicación responsable de la campaña electoral de la candidatura de Rita Barberá en 2007 a la que el PP de València concurrió presuntamente dopado con dinero en 'B', confirmó ayer ante el juez y el fiscal Anticorrupción del caso Taula que el exvicealcalde, Alfonso Grau, participó en una reunión con empresarios para convencerlos de que invirtieran en una empresa satélite de Laterne, Product Management Council SL (PMC).
Ésta última aventura empresarial fue un pufo, una "estafa" como la ha llegado a calificar alguno de los catorce empresarios que aportaron una media de 150.000 cada uno a Laterne, supuestamente para contratar trabajos de consultoría o crear la empresa PMC, pero que la investigación judicial ha permitido constatar que se destinaron a pagar los actos electorales del PP en la ciudad de València durante la campaña de 2007.
El extrabajador de Laterne, según confirman varias fuentes conocedoras de su declaración, confirmó que Grau participó, que él recuerde, en una de estas reuniones, celebrada en un hotel de la calle de la Paz en València, en la que tomó la palabra para convencer a los empresarios de que invirtieran en PMC, para atraer inversiones a València.
El mismo empleado confirmó que el abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barbéra y abogado de una investigada en esta causa, era el responsable de redactar los contratos con estas empresas. Un detalle que conoció de cerca porque éste testigo era el responsable de remitir los correos electrónicos a los representantes empresariales que realizaron las aportaciones, según su declaración.
De esta manera, PMC se constituyó el 14 de diciembre de 2007 para "atraer inversiones para València", aunque nunca tuvo trabajadores, ni se ha podido encontrar qué trabajos realizó. Cuando ayer fue interrogado sobre en qué se invirtió el dinero recaudado , el extrabajador de Laterne citó "el viaje de Rita Barberá a Washington" y unas encuestas que se realizaron, aunque esta documentación no ha sido hallada por los investigadores.
Uno de los empresarios que realizó estas aportaciones a Laterne también declaró ayer ante el juez y el Fiscal Anticorrupción del Caso Taula que no conocía a esta empresa. "¿Seguro que pagamos el dinero?", llegó a preguntar a los investigadores.
En el marco de la investigación por delito electoral y malversación contra el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, la Fiscalía Anticorrupción también solicitó a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que elaborara un informe sobre el dinero pagado por tres fundaciones del Ayuntamiento de València a Laterne y sus empresas satélite. La IGAE concluye en el informe aportado a la causa que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD) y la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento (Fivec) se saltaron la ley de contratos al contratar con Laterne por un montante de 2,2 millones de euros. En concreto, Ftvcb inclumplió la ley en el contrato que adjudicó en 2006 a Laterne por 531.034 euros (IVA no incluido), al igual que hizo CEyD con City Marketing en 2007 por importe de 260.212 euros, según adelantó la agencia Europa Press.
La IGAE también añade que Fivec y el CEyD "eludieron los principios de publicidad y concurrencia en los cuatros contratos que suscribieron con ambas empresas por valor de 30.000 y 120.000 euros (sin IVA) con Laterne y por 172.413, 198.002 y 192.496 euros con City Marketing.
La IGAE es taxativa en su informe: las tres fundaciones que realizaron los pagos (Ftvcb, CEyD y Fivec) son "entidades que forman parte del sector público del Ayuntamiento de València y tienen condición de adjudicador" por lo que están sujetas al "texto refundido de la ley de contratos de las administraciones públicas, "que reproduce Directiva 2004/18". Si embargo, en los contratos analizados "o bien se elude esa normativa o bien se eluden los principios de publicidad y concurrencia a los que estaban obligados por su condición". Los contratos pagados por las fundaciones se referían a "Plan Estratégico de Modernización Tecnológica para la Gestión del Ayuntamiento de València" o la "Proyección Turística Pla", entre otros encargos.
