La mayoría soberanista pone más incerteza al problema valenciano

Las mejoras de la financiación y las inversiones están paralizadas a la espera de una salida al conflicto catalán - El ejecutivo central suma argumentos para demorar cualquier actuación

alfons garcia | valència

21·12·17 | 23:15

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La mayoría soberanista pone más incerteza al problema valenciano

En 2017 está claro que no habrá nueva financiación autonómica, a pesar de los compromisos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace once meses. Cunden las dudas (incluso en Presidencia de la Generalitat) de que en 2018 pueda reformarse el modelo de reparto de fondos del Estado que penaliza a la Comunitat Valenciana. Y las dudas se incrementan a la vista de los resultados del histórico 21D catalán.

De las tres posibilidades en juego, la victoria de los constitucionalistas (a ser posible con dominio moderado), la de los independentistas y que ningún bloque alcanzara la mayoría absoluta, la última era la peor para los intereses valencianos y la primera (el triunfo de los contrarios a la República catalana) era la más favorable para el avance de las cuestiones que la Comunitat Valenciana tiene en juego en el mapa territorial. Hablamos de la financiación autonómica y la mejora de las inversiones del Estado, fundamentalmente, porque un cambio en las competencias territoriales a través de una modificación de la Constitución es un objetivo que a día de hoy parece a largo plazo.

La mayoría absoluta que suman Junts per Catalunya, ERC y la CUP suponen un mantenimiento del escenario de incertidumbre en el que se mueven los asuntos del llamado problema valenciano desde el estallido del conflicto catalán tras el último verano.

Si hay nuevo gobierno en febrero (fecha prevista para el primer pleno en el Parlament), que podría estar presidido por el expatriado Carles Puigdemont o por algún otro dirigente de Junts per Catalunya como fuerza más votada dentro del bloque de la secesión, es poco probable que cambie la dinámica de exclusión de los debates territoriales españoles.

Puigdemont y Junqueras decidieron en la última legislatura desmarcarse y jugar a otra liga. Ni conferencia de presidentes autonómicos, ni comisión de política fiscal y financiera, ni comisión de estudio de la reforma del sistema autonómico en el Congreso. De todo se excluyeron.

Aunque el nuevo ejecutivo no se embarque en una reedición del proceso soberanista (habrá que ver la posición de los antisistema de la CUP, de nuevo claves para este bloque pese a su retroceso), es improbable un regreso a los foros autonomistas.

Eso significa más incertidumbre sobre la agenda valenciana. El Gobierno de Rajoy y Montoro deberá decidir en un panorama como el que se avecina si emprende la reforma del sistema de financiación autonómica sin contar con Cataluña, que representa casi una quinta de la población española. El ministro de Hacienda quiso esperar a este 21D antes de cualquier movimiento. No han cambiado demasiado las cosas.

Esta incertidumbre, como es obvio, perjudica las expectativas valencianas de un nuevo modelo de financiación.

Y algo parecido puede decirse de las inversiones. Los presupuestos del Estado de 2017 fueron un jarro de agua fría para la C. Valenciana, la última en el reparto per cápita de dinero para infraestructuras, y los de 2018 están bloqueados. El PNV aplazó cualquier apoyo al Gobierno a ver qué ocurre con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Las elecciones no ayudan a aclarar las cosas y, por tanto, el futuro de unas cuentas que se espera que mejoren las inversiones en el territorio valenciano es otro enigma sin resolver.

De momento, el 21D y el panorama tan incierto que resulta de él son argumentos más para el Ejecutivo central para dilatar la solución al problema valenciano.