El Tribunal Constitucional ha declarado nula la indemnización de 1.350 millones de euros que pagó el Gobierno español a la empresa Escal UGS, S. L., en 2014 tras la renuncia de la compañía a la explotación de gas mediante la planta Castor, situada en el mar Mediterráneo, a unos 20 kilómetros del litoral de Vinaròs. El Constitucional ha estimado así parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el Gobierno catalán y el PSPV a través del PSOE en el Congreso. El tribunal considera que «no se dieron las razones de urgencia y necesidad» que justificaran aprobar un decreto ley para «atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista». Asimismo, refleja que no había motivo para que la compensación se realizara «en un solo pago» y «en el plazo de 35 días hábiles».

El proyecto de la plataforma Castor fue aprobado en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque ya aparecía en la planificación energética que realizó el ejecutivo de José María Aznar en 2002. El Ministerio de Industria, dirigido por José Montilla, presentó la explotación de este almacén de gas subterráneo de gas de la costa castellonense como una gran solución ante posibles problemas para cubrir la demanda gasística y para evitar fuertes subidas de precio provocadas por esas carencias. El plan fue adjudicado en 2008 a Escal UGS, una compañía integrada por las empresas españolas ACS y Enagás y la canadiense CLP; pero se incluyó una cláusula de indemnización en caso de extinción de la concesión por «el valor residual de las instalaciones».

La infraestructura tan solo estuvo en funcionamiento unos meses en 2013. En ese período, durante las inyecciones de «gas colchón» en el subsuelo se sucedieron cientos de pequeños terremotos que se percibieron tanto en Vinaròs como en el litoral de Tarragona. Estos movimientos sísmicos generaron una notable alarma social que incluso llevó a los vecinos a protestar en las calles contra los trabajos realizados en la planta gasística.

Ante aquella situación, la Dirección General de Política Energética y Minas acordó la suspensión temporal del almacenamiento de gas y la hibernación de las instalaciones. Escal UGS renunció entonces a la explotación. Los distintos informes técnicos del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España recomendaron estudios alternativos, que fueron encargados al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), que confirmó que las inyecciones de gas provocaron los movimientos sísmicos que se notaron en Vinaròs, aunque exculpaba a la compañía explotadora y la Administración, al entender que con los medios del momento era complicado predecir las consecuencias en forma de terremotos.

No obstante, mucho antes de obtener los resultados del MIT, el Gobierno de Mariano Rajoy ya aprobó a finales de 2014 la indemnización a Escal UGS de 1.350 millones de euros en concepto del valor neto de la inversión de la empresa. Dicha compensación fue abonada por la nueva titular, Enagás Transporte S.A.U. a cambio de obtener el derecho de cobro del sistema gasista durante 30 años desde 2016. Para poder hacer frente a ello rápidamente, Enagás obtuvo un préstamo bancario a pagar en 30 años con un interés anual del 4,27 %, lo que provocaría el pago final de 4.731 millones de euros -según advirtió la organización de consumidores OCU-, que serían revertidos en la factura de los usuarios de gas a lo largo de todo ese tiempo.

Con su dictamen, el Constitucional considera «inconstitucional» la forma en que se produjo la indemnización, que provocó que su coste se incrementara en 3.000 millones de euros.