Montoro interviene de facto las cuentas del Consell a cambio de más ayuda financiera

Desde que los mercados financieros se cerraron para las comunidades autónomas necesitadas de financiación extra vía deuda, la dependencia de los fondos del Estado (el más conocido es el Fondo de Liquidez Autonómica) ha ido a más. En el caso de la Generalitat, con el lastre de la infrafinanciación, la necesidad ha sido cada vez más acusada, tanto que el Consell del Botànic prácticamente se ha visto abocado a firmar un cheque en blanco al Ministerio de Hacienda para evitar que le corte el grifo del FLA. Sin embargo, este año, las condiciones impuestas por el Gobierno central, además de draconianas, implican una intervención de facto, un control total que en la Conselleria de Hacienda consideran un serio atentado contra la autonomía financiera de la Generalitat. Y es que todo, desde la factura más pequeña hasta el detalle de las retribuciones del personal de la Generalitat y su sector público pasan ya por el departamento que dirige Cristóbal Montoro, una suerte de Gran Hermano que ha acabado monitorizando al Ejecutivo.

La vuelta de tuerca en la fiscalización de las cuentas de la Generalitat que comenzó con el primer FLA, allá por el año 2012, se ha producido este año. El Ministerio de Hacienda hizo llegar a las comunidades autónomas, entre ellas a la Generalitat, el «Programa para la aplicación del compartimiento del Fondo de Liquidez Autonómico del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para el ejercicio 2017», un suerte de contrato, repleto de compromisos, que el Consell debía asumir si quiera recibir la ayuda financiera. El documento llevaba, sin embargo, sorpresa: un anexo con 44 nuevas condiciones que se añaden a las exigencias que ya existían de años anteriores para recibir el FLA.

Fuentes del departamento de Hacienda reconocen que con estos compromisos Montoro se garantiza el control absoluto de las finanzas de la Generalitat. «Un artículo 155 encubierto», comentan en la consellera de Vicent Soler, donde se considera inaudito la doble penalización a la Comunitat Valenciana: maltratada en el reparto de los recursos del Estado y obligada a pasar por el aro del Gobierno central para recibir unos recursos adicionales que por derecho les corresponden.

La lectura global de estas 45 condiciones que el Consell tuvo que aceptar para recibir este año el FLA evidencia hasta qué punto llega la fiscalización. No hace falta recibir a 'los hombres de negro' de Montoro (expresión utilizada para referirse a la comisión técnica que Hacienda podría enviar con la ley en la mano a las comunidades incumplidores con el déficit), ya que este trabajo puede hacerse con mando a distancia desde la capital.

Y ello básicamente mediante dos modalidades. Bien, de forma activa, es decir, con la exigencia de que el Ejecutivo aporte periódicamente información al Ministerio de Hacienda sobre la ejecución del presupuesto y las medidas para la contención del gasto. Pero también, por otra vía: permitiendo tecnológicamente el acceso del personal técnico del ministerio a los registros de facturas, contratación, retribuciones de personal, etc. Hacienda quiere incluso poder acceder electrónicamente a documentos específicos, como los certificados de familia numerosa o las historias clínicas.

Para muestra, un botón. El punto 12, por ejemplo, refiere el compromiso del Consell de remisión por la Intervención General de la Comunitat Valenciana «por medios electrónicos» o siguiendo el modelo facilitado por el ministerio «antes del día 30 de cada mes, de un informe elaborado por el órgano competente sobre el grado de cumplimiento previsto para el ejercicio corriente de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda».

Por su parte, varios de los puntos (23, 24, 25, etc) marcan plazos concretos (todos ellos antes de finalizar este año) para garantizar el acceso de la Administración General del Estado a los expedientes de la Generalitat y de su sector público empresarial. Así, el requisito número 32 dice textualmente: «Antes de finalización del tercer trimestre de 2017, permitirá que sus documentos electrónicos puedan ser cotejados mediante el Código Seguro de Verificación por los interesados en la sede electrónica del Punto de Acceso General de la Administración del Estado».

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