Las nuevas exigencias del ministro Montoro son vistas desde el Consell como un recorte del autogobierno y una suerte de recentralización de competencias autonómicas. De hecho, en la práctica será así ya que el Ejecutivo se ha visto obligado a prescindir de herramientas propias para su gestión financiera. Es el caso de la central de compras valenciana, la plataforma de ámbito autonómica creada para centralizar las contratación y lograr ahorros. La Generalitat tendrá que cerrarla, ya que a partir de ahora estos trámites deberán hacerse por la plataforma estatal.
Lo mismo ocurre con el sistema de facturación electrónica (creado en su momento por el PP y heredado por el bipartito) que ha sido derogado por la exigencia del Ministerio de Hacienda de que la Generalitat use su propia plataforma de facturación. Es la forma de interconectar los archivos y que, por así decirlo, desde Madrid con apretar un botón se pueda controlar los movimientos contables.
La lista de mandamientos incluye una en materia sanitaria que resulta especialmente molesta para el Ejecutivo: la firma del protocolo de colaboración suscrito entre la Administración del Estado y la patronal Farmaindustria para la compra en exclusiva de medicamentos.
El acuerdo que en su día fue calificado de «chantaje» por parte de la Conselleria de Sanidad, Carmen Montón, ha generado incluso perjuicios económicos a algunas conselleries como la andaluza, cuya subasta con otras empresas resultaba más más ventajosa.
