Unas semanas después de la aprobación en el Congreso del cupo vasco, que perpetúa la privilegiada relación económica que aquella autonomía mantiene con el Estado, el Ministerio de Hacienda acaba de desbloquear, a cuatro días de acabar el año, el convenio económico con la otra autonomía foral, Navarra. Igual que ocurre con el País Vasco, los navarros recaudan los impuestos y después se sientan a negociar con el Gobierno desde la posición de fuerza que da tener las llaves de la caja, mientras los valencianos y el resto de autonomías pagan directamente a la Hacienda española y es Montoro después quien reparte.
Al acuerdo con vascos y navarros se une el anuncio hace unas semanas de que el Congreso desbloqueaba la reforma del Estatuto canario, dentro de un acuerdo de mayor calado que beneficia a las islas justo cuando los partidos canarios resultan clave para la estabilidad parlamentaria del PP en Madrid. Además, este mismo miércoles el presidente, Mariano Rajoy, anunció una lluvia de inversiones en Murcia, con AVE en 2018, aeropuerto internacional e inversiones en carreteras.
En este contexto, ayer mismo la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler daba por confirmado que el Gobierno ha incumplido el compromiso de principios de año de tener lista la reforma del modelo de financiación de las autonomías de régimen común antes de acabar 2017.
Ayer se celebró la tercera reunión del Comité Técnico Permanente para la reforma de la financiación. Y según Soler queda certificado el escaso interés que tiene el Gobierno de España por abordar esta reforma. Un bloqueo que condenará a la Comunitat Valenciana de nuevo a la cola de la financiación española durante 2018 si no cambian las circunstancias políticas. La manifestación del pasado 18 de noviembre en València para reclamar una mejor financiación de los valencianos no parece que haya hecho mella en las intenciones del Gobierno de acelerarla. El Ejecutivo suele escudarse en que necesita el apoyo del PSOE para abordar la reforma, aunque también es verdad que ha vinculado esa modificación del modelo de financiación a que puedan salir adelante los presupuestos del Estado para 2018, algo que partidos como Compromís consideran directamente un chantaje.
Prioridades políticas
A la prioridad política que ha supuesto para el Gobierno el acuerdo con vascos y navarros se une que comunidades autónomas del mismo régimen que la valenciana, como Andalucía o Extremadura, ya vieron satisfechas hace unos años sus reclamaciones de pago por parte del Gobierno de lo que consideraban deudas históricas, una reclamación que también hace la Comunitat Valenciana y que el Síndic de Comptes ha cifrado en más de 13.000 millones de euros en sus informes, pero que siempre cae en saco roto.
El acuerdo firmado este miércoles entre el Gobierno de España y el de Navarra permite la actualización del Convenio Económico para el quinquenio 2015-2019 y se produce tras meses de negociaciones ya que el convenio había sido prorrogado por falta de acuerdo político.
