La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha entregado hoy a las Corts Valencianes el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2016.
En su informe, la Sindicatura de Comptes continúa observando un grave desequilibrio patrimonial en la administración valenciana, tras haber registrado gastos por 14.529,9 millones de euros e ingresos por 11.892,9. Al cierre del 2016, los fondos propios negativos de la Comunitat Valenciana eran de 28.104,2 millones de euros. Por su parte, la liquidación del presupuesto muestra un resultado presupuestario negativo, de 2.189,5 millones de euros.
En el análisis del ejercicio 2016, se ha observado un crecimiento notable de los ingresos y una disminución de los gastos. Es de destacar que, tras un periodo de cinco años de estancamiento, se ha registrado un incremento de más del 10% en los tributos cedidos, hasta los 9.765,3 millones de euros. Mientras, los derechos reconocidos por pasivos financieros han ascendido a 6.967,8 millones de euros, la mayoría de los cuáles procedieron de préstamos concertados por el FLA.
En este ejercicio, se ha identificado igualmente una significativa reducción del déficit presupuestario, que no obstante aún permanece en un nivel muy elevado y superior a lo comprometido. El informe refleja que la deuda financiera de la Generalitat a fecha de 31 de diciembre del 2016 asciende a los 43.073,8 millones de euros, de los cuales 34.224 millones de euros corresponden a deuda proveniente de las líneas de crédito de los mecanismos extraordinarios de financiación a las comunidades autónomas.
Si bien la Sindicatura de Comptes da una opinión favorable a las cuentas de la Administración, se han identificado nueve salvedades, entre las que se encuentran:
Concesiones de asistencia sanitaria: A final del 2016 existían 31 liquidaciones pendientes de aprobación, en trámite o recurridas, relativas a los cinco contratos de concesión administrativa para la prestación de asistencia sanitaria en los departamentos de salud de Alzira, Torrevieja, Dénia, L ?Horta Manises y Elx-Crevillent.
Ayudas del Plan de Vivienda: El balance recoge 37,9 millones de euros por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto en concepto de ayudas.
Feria Valencia: Figura una provisión para riesgos y gastos por valor de 488,1 millones de euros, para cubrir los compromisos adquiridos en 2002 y 2007 para modernizar sus instalaciones. La Sindicatura plantea dudas sobre su contabilización, en función de la naturaleza jurídica que se acuerde.
En lo relativo al cumplimiento de la legalidad, el informe de la Sindicatura explica que el presupuesto de la Generalitat para el año 2016 ha sido insuficiente para atender tanto las transferencias como las subvenciones previstas.
La institución recomienda al ejecutivo incluir en sus presupuestos iniciales cuáles serán las transferencias que recibirá del Estado derivadas del sistema de financiación autonómico, calculadas de forma realista.
Según el informe, la actividad contractual de la Generalitat ha sido, en general, conforme a las normas de aplicación. Sin embargo, pone de manifiesto algunas irregularidades relevantes en los procesos de contratación.
Sobre la muestra de expedientes revisados en este periodo, el informe explica que en muchos casos no consta la justificación documental exigida sobre la elección de los criterios escogidos para la adjudicación de los contratos; en otros no están debidamente motivadas o justificadas las declaraciones de urgencia o emergencia; y en algunos las fórmulas previstas en los pliegos de condiciones no dan una preponderancia efectiva a los criterios evaluables de forma automática.
La Sindicatura recomienda al ejecutivo que el presupuesto inicial contenga una consignación de créditos suficiente y realista de los gastos previsibles. También recomienda reducir el volumen de los contratos menores y las adquisiciones por compra directa, así como mejorar el contenido de los pliegos de condiciones administrativas de los contratos.
La Sindicatura de Comptes ha auditado, igualmente, los sistemas de información y de control interno del Registro de Facturas de la Generalitat y del sistema de cajas fijas y la integración en ambos de la factura electrónica, así como los controles de los procedimientos de gestión de compras de la Conselleria de Sanitat. Estos trabajos han sido desarrollados por la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información (UASI) de la Sindicatura.
La institución opina que el nivel de control que existe en los controles generales de las tecnologías de la información (CGTI) de la Generalitat aporta un nivel de confianza razonable y destaca una elevada implantación de la factura electrónica en 2016, que ya representa más del 93% del total de facturas.
Sin embargo, en lo relativo a los controles tecnológicos a los procedimientos de gestión de las compras de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, considera que no aportan un nivel de confianza razonable para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de los datos y de los sistemas de información.
Además del control formal de las cuentas de todos los entes que forman el sector público autonómico valenciano, la Sindicatura de Comptes ha auditado también las siguientes seis entidades con informes propios: el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), CulturArts Generalitat, el Consorcio Hospital General Universitario de València (CHGUV) y el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC), así como las universidades públicas y las cámaras de comercio. Estas son algunas de las conclusiones de las citadas auditorías:
En general, la Sindicatura arroja opiniones favorables sobre las cuentas del IVAT y del IVF, aunque sobre este último organismo advierte que existe una gran concentración del riesgo por créditos y avales con el sector público valenciano, superior a los 840 millones de euros.
Sobre la EIGE, la Sindicatura calcula que el valor contable de las viviendas arrendadas por la empresa es superior a los 215 millones de euros, importe equivalente al 45% del total activo de su balance a fecha de 31 de diciembre. Explica que EIGE tiene deudas vencidas por valor de más de 15 millones de euros y analiza que no existe un inventario valorado del parque de viviendas de la Generalitat.
En relación con CulturArts, la Sindicatura de Comptes pone de manifiesto un incumplimiento significativo de las normas de contratación del sector público.
En el caso de los Consorcios Hospitalarios de València y Castellón analizados en el informe, la Sindicatura de Comptes ha emitido sendas opiniones desfavorables basadas, entre otros, en los siguientes fundamentos: debilidades importantes en el entorno de control, gastos sin expediente de contratación y gastos sin consignación presupuestaria.
La Sindicatura de Comptes ha realizado un control de la rendición de cuentas de las cinco universidades públicas de la Comunitat. En el estudio, ha identificado incumplimientos en la normativa de aplicación a la gestión de los contratos de investigación de la Universitat de València. También ha identificado indicios de fraccionamiento indebido del gasto.
En lo relativo a la fiscalización de las Cámaras de Comercio, la Sindicatura ha identificado incumplimientos en las cámaras de comercio de Castellón y Orihuela, y esta última en este momento no parece capaz de garantizar su funcionamiento continuado. Igualmente, ha identificado incumplimientos en el Consejo de Cámaras.
El informe cuenta con seis volúmenes y dedica el primero a la introducción y resumen de las conclusiones. Tras subrayar la abultada deuda pública valenciana, el documento recuerda que una parte importante de la misma es atribuible a la infrafinanciación autonómica. No obstante, a pesar de sus reducidos ingresos, destaca que la Generalitat efectúa un gasto por habitante similar al promedio autonómico en los servicios educativos y sanitarios, siendo otras funciones de gasto las que sufren en mayor medida la infrafinanciación.
La Sindicatura recuerda que la economía debe afrontar de inmediato dos retos importantes: la mitigación del cambio climático y la adaptación al declive de la energía procedente de los combustibles fósiles. Y advierte que, en ese contexto, es necesario incrementar la eficacia y la eficiencia del sector público, porque a medio plazo ambos retos dificultarán el crecimiento del PIB y, por tanto, también de los ingresos fiscales que garanticen el estado de bienestar.
