La fecha de la reversión del hospital de Alzira a la gestión pública se acerca y con ella la actividad de la administración para disponer de todos los elementos que hagan realidad esa transición «tranquila» que ha prometido la consellera Carmen Montón para el próximo 1 de abril. Pese a que la conselleria está siendo reacia a aportar datos concretos de cómo está siendo el traspaso «interno» de poderes con la empresa gestora, la UTE Ribera Salud (siguiendo las normas de reversión trazadas a principios de año), sí hay pasos de la conselleria que se pueden seguir como la licitación de contratos.
Ahora, y coincidiendo con los tres últimos meses de actividad del departamento bajo gestión privada, la administración ha empezado a buscar recambios para las empresas que actualmente prestan servicios básicos tanto en el hospital como en el resto de centros de salud del área. Así, en los últimos días la Conselleria de Sanidad ha abierto hasta seis licitaciones distintas para contratar nuevas empresas de servicios que empiecen a operar a partir del 1 de abril.
Se trata de un paquete de servicios básicos como la limpieza de los centros, la gestión de residuos, el mantenimiento de infraestructuras y de equipamiento médico e incluso los servicios de lavandería y de catering, todos primordiales en el día a día del hospital.
En total, el valor de los seis contratos, supera los 31 millones de euros teniendo en cuenta que la mayoría se licitan por un plazo de dos años con una prórroga mensual de otros 24 meses.
El que mayor presupuesto global contempla es el de mantenimiento de edificios, 7,2 millones para las cuatro anualidades IVA incluido, seguido por el de alimentación de pacientes que supera por poco los siete millones de euros también para cuatro años y con una previsión de ofrecer 87.205 «menús» al cabo del año en el hospital universitario.
Solo tres meses para resolverlos
Las empresas que opten a estos contratos tienen de plazo más o menos hasta finales de enero para presentar sus ofertas. Habrá que ver si los meses de febrero y marzo serán suficientes para valorar, adjudicar y formalizar los contratos que deberían entrar en vigor el mismo 1 de abril de 2018.
Precisamente, entregar una lista de contratos de servicios en vigor y sus características era una de las condiciones que impuso la Conselleria de Sanidad a la gestora privada del departamento el pasado mes de marzo cuando se notificó oficialmente que, tras 15 años, el contrato tocaba a su fin y no se iba a recurrir al plazo de prórroga previsto. La decisión, incluida en el programa electoral del PSPV y del resto de grupos de izquierda fue uno de los principales acuerdos del Pacte del Botànic una vez asumieron el Consell.
Además de aportar esta lista, la concesionaria ha tenido que dar cuenta detallada en estos meses de la plantilla contratada, salarios, volumen de trabajo, organización... etc, además de prever la conexión informática a los sistemas de la pública, entre otras condiciones como pedir autorización para tomar ciertas decisiones.
