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Auditoría 2016

El Síndic valida la gestión del Consell pero con serios reproches en contratación

Cucarella destaca que no hay indicios de responsabilidad contable, aunque detecta anomalías en los 39 contratos revisados

Carmen Martínez y Enric Morera, ayer en las Corts, reciben el informe de manos del Sindic Major Vicent Cucarella fernando bustamante

El primer año completo de gestión del Consell del Botànic logró pasar ayer la prueba del algodón de la Sindicatura de Comptes, si bien el informe de 2016 contiene toda una serie de reproches, sobre todo en contratación y subvenciones, que recuerdan peligrosamente a prácticas que los partidos que ahora gobiernan echaban en cara al PP cuando estaba en el Gobierno. Y es que la auditoría sobre la Generalitat y su sector público entregada ayer en las Corts contiene luces y sombras, de ahí que unos (el propio Consell) interpretara el documento como una palmada en la espalda y otros (el PP) lo concibiera como «carne» del Tribunal de Cuentas». El síndic major, Vicent Cucarella, evitó pronunciarse ante la inevitable pregunta de si la gestión había mejorado respecto a la etapa popular, si bien subrayó que no habían detectado indicios de responsabilidad contable: «Buena señal es», señaló.

Esta ausencia de «pufos» de gestión en la Administración de la Generalitat es el punto de partida de una auditoría financiera en la que se recogen hasta nueve salvedades, entre las que se incluye el hecho de que el Consell sigue contrayendo gastos sin cobertura presupuestaria (cuenta 409 y 411), las llamadas facturas en el cajones, que sumaron a 31 de diciembre un total de 1.757 millones de euros y que constatan otra evidencia: las dificultades de hacer frente al gigantesco gasto sanitario con unas cuentas sometidas a dieta. La cifra, con todo, es inferior a la del ejercicio de 2015 (1.836 millones) y muy alejada de la etapa popular, cuando incluso se ocultaban, dando lugar a la multa de Europa por falseamiento del déficit.

En términos generales, la Síndicatura constata una contención del gasto respecto al año anterior y una evolución al alza de los ingresos (gracias a la mejora de la economía y la inyección de fondos del Estado), lo que ha revertido en una reducción significativa del déficit presupuestario (de 3.707 millones en 2015 a 2.085 millones, según su propio ajuste), aunque señala que este se mantiene aún «en niveles elevados e insostenibles que exigen el recurso permanente al endeudamiento». Como ya hizo el año anterior, refleja el escaso margen de maniobra del Ejecutivo ante un sistema de financiación perjudicial para la Comunitat.

Ahora bien, hay cuestiones que difícilmente pueden achacarse a la herencia patrimonial, contable y financiera y que sólo caben ser atribuidas al actual Consell, como es el caso de la contratación y las subvenciones. Así, el análisis de la muestra de 39 expedientes de contractación ( que afectan a todas las conselleries) revela «incumplimientos significativos» tanto en los pliegos de licitación (ausencia de criterios objetivos) o declaraciones de urgencia u emergencia sin justificar. Dos de los expedientes analizados incurren en causas de nulidad administrativa por ausencia de documentación preceptiva.

Pero, además, el Síndic denuncia fraccionamiento de contratos en las adquisiciones de farmacia y productos sanitarios que se tramitan como contratos menores y a través de la caja fija. Esto supone una «destacable infracción del principio de publicidad».

Sigue habiendo contratos menores

Los contratos menores, uno de los principales demonios de la etapa popular, también se extienden en la Generalitat sin que exista «suficiente justificación» sobre la necesidad o idoneidad del objeto de contrato. También se dan casos de fraccionamiento indebido.

Ante esta situación, la Sindicatura recomienda al Consell reducir el volumen de los contratos menores, al tiempo que le solicita adoptar medidas de gestión adecuadas «que eviten la recepción de bienes o prestación de servicios sin amparo contractual y su tramitación como expedientes de reconocimiento injusto». En total, la Sindicatura suma 38 expedientes de este tipo por valor de 910 millones de euros en 2016.

La gestión de algunas ayudas públicas tampoco satisface al órgano fiscalizador. Así, detecta deficiencias de control en la revisión de ayudas a comedores escolares destinas a alumnos de primaria ye infantil. En concreto, se refiere al riesgo de efectuar pagos indebidos por una cuantía estimada de al menos 277.000 euros, según un informe interno de Educación, por debilidades importantes en el control. En términos generales, apunta a niveles de pago muy bajos o incluso nulos en algunas partidas de subvenciones.

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