José María Toro está convencido del papel que tienen las empresas en mejorar la sociedad en la que trabajan. Por ello, como presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) se siente cómodo. Licenciado en Derecho, entró en Aerte en abril de 2015 como director general y desde el año pasado es presidente de la entidad. Viene del sector de la economía social tras presidir durante 5 años y medio la cooperativa de servicios sociales más importante de la Comunitat Valenciana (Sercoval). Defiende el trabajo de la economía social pero ha conocido (y conoce) a empresas que trabajan «muy bien», algo que le ha hecho quitarse «muchos prejuicios de la cabeza».
¿Qué balance realiza del sistema a la dependencia tras 2 años con el nuevo Consell?
Se han hecho bastante cosas. La principal ha sido el incremento presupuestario porque en 2015 teníamos 833 millones de euros y en el 2018 se prevén 1.194 y eso es siempre bueno. Pero me preocupa el futuro que se nos plantea porque aún falta hacer mucho.
¿Qué hace falta?
La previsión es desoladora. Según el último informe de la Asociación Estatal de directores y gerentes en Servicios Sociales de España, la Comunitat Valenciana necesita, por ejemplo, un 30 % más de plazas en centros de día de mayores para ponernos en la media estatal. En plazas residenciales de mayores nos harían falta, para mantener la ratio actual, que es la más baja de toda España, 5.000 plazas nuevas en los próximos 7 años, es decir, 50 residencias más, aunque en 10 años solo se ha construido una. En discapacidad, haría falta triplicar las plazas residenciales para ponernos en la media española, o sea pasar de las 1.543 plazas actuales a más de 5.000. En centros de día (ocupacionales y discapacidad) nos haría falta pasar de 4.500 a 9.000 plazas, es decir, doblar las plazas. En mujeres víctimas de violencia machista habría que pasar de 141 a 300 plazas por unidades de protección... Si no cuentan con nosotros va a ser muy difícil.
Menudo panorama ante un envejecimiento de la población que va en aumento...
La sensación que tengo es que hay que hacer mucho a futuro y si no establecemos las bases necesarias para que podamos conseguirlo vamos a tener un problema muy grave en la Comunitat Valenciana, sobre todo en mayores precisamente por el envejecimiento de la población. Por cada 100 mayores de 65 años tenemos 2,91 plazas y la media española está en 4,3, por lo cual la necesidad de crear plazas nuevas es muy elevada. Es fundamental la colaboracion público- privada, sino no van a poder hacerlo.
Bueno, Mónica Oltra anunció recientemente la creación de 500 plazas nuevas...
Sí, pero son plazas ya construidas. Son plazas municipales que se van a concertar por encima de lo que había antes pero las plazas ya están creadas, ya existen y están cubiertas hoy. No son plazas libres. Hace falta generar plazas y recursos nuevos o tendremos un problema ya... no dentro de 3 o 4 años sino de manera inmediata.
¿Qué nivel de ocupación tienen las residencias ahora?
El nivel de ocupación es muy elevado y la gestión hay que mejorarla. Del último concurso que se hizo, que salió en noviembre de 2016, todavía quedan contratos pendientes de firmar un año después. Eso demuestra un problema de gestión importante. En ese concurso, que eran 3.300 plazas las que salían, se pedían muchos requisitos. Por ejemplo, había que tener una enfermería durante 24 horas, pero no en el momento de tener el servicio sino antes. Eso provocó que hubieran empresas que contrataron a tres personas solo para presentarse al concurso. Eso a una residencia pequeña le supone 4.500 euros más al mes de diferencia solo para optar al concurso. Eso, junto a otros requisitos como el de concertar 10 plazas como mínimo, provocó que casi un 15% del concurso se haya quedado desierto. Es decir, de 3.300 plazas un 15% se han quedado fuera y eso es un desastre. Ha habido lotes donde solo se ha presentado una empresa y eso significa que el concurso no era atractivo y eso que estábamos esperándolo 15 años. ¿Qué pasará si cada vez se ponen más trabas a que las empresas se puedan presentar y cada vez hay menos plazas mientras la población mayor aumenta? Lo lógico es pensar que dentro de 2 años, cuando venza el contrato, todavía haya un número menor de plazas disponibles para la Administración. En Madrid ha pasado ya. Ha habido 1.000 plazas menos concertadas en el último acuerdo marco que en el anterior. Eso pasará aquí si no conseguimos un marco de confianza, colaboración y coordinación entre las entidades privadas y la Administración.
El nuevo modelo comienza a caminar. ¿Qué opina la patronal del nuevo decreto de acción concertada? Tal vez a las entidades sin ánimo de lucro sí les resulten atractivos los concursos...
El decreto de acción concertada no parece lo más adecuado y ha sido curiosa su publicación... En sábado, antes de un puente... Ese decreto da prioridad a las entidades sin ánimo de lucro sobre el resto de entidades y nosotros consideramos que es un error. Las entidades sin ánimo de lucro, el tercer sector, tienen que tener un marco estable y estamos de acuerdo, pero no pensábamos que iba a ser un marco excluyente.
¿Y qué ha pasado?
Pues lo que ha pasado es que se ha desarrollado un decreto que lo que hace es generar unas condiciones de contratación distintas para las entidades del tercer sector: no se les pide un aval, en la mesa de evaluación de proyectos no está prevista la intervención de la Generalitat o de la abogacía de la Generalitat... En los concursos que se han hecho para las empresas la reserva de plazas no se paga, es decir, tu reservas esa plaza a la Administración, sin embargo mientas la plaza no está ocupada la Administración no te la paga, aunque te exige que la tengas disponible. Pero el decreto de acción concertada plantea que se pueda retribuir por la plaza no ocupada, pero sí reservada. Decimos que hay una discriminación porque se produce un trato distinto. Hay que centrarse en el servicio y la calidad que recibe el usuario y no en la forma jurídica de quien lo presta.
¿Prevén acciones legales?
Claro, porque ya llevamos año y medio advirtiendo de que creemos que esa medida no es legal. ¿Se puede decir que ha habido participación? Sí. ¿Diálogo? Pues no tanto porque si hemos presentado 21 páginas de enmiendas al decreto de acción concertada y no se ha admitido ni un punto... Esa interlocución no está siendo operativa y este tipo de cosas que cambian los modelos que se trabajan en Servicios Sociales deberían estar más consensuadas. Estamos de acuerdo en que las ONG tengan un marco adecuado para trabajar, pero no se debe permitir un trato discriminatorio.
Decreto para las entidades sin ánimo de lucro, cuidador no profesional... ¿Demasiado intrusismo en el sector?
Más que intrusismo, no se valora a las empresas. Para mí el cambio fundamental que hace la Ley de Dependencia es que la familia no tenga que hacerse cargo de cuidar a las personas dependientes porque la Administración le va dar una respuesta. El cuidador no profesional era un recurso que se preveía excepcional en la ley. La Administración tiene que apostar por los servicios profesionales que no son exclusivamente las residencias. Hay muchos recursos y hay que destinar al usuario al que mejor se adapte a sus circunstancias (centros de día, servicio de ayuda a domicilio...). No se trata de que el dependiente se vaya a una residencia sino de que tenga unos cuidados profesionales.
¿Se sienten 'el enemigo'?
Las entidades privadas son el 80% del sector de los servicios socisales y nadie ha valorado el esfuerzo que hemos hecho en la crisis. Uno de los objetivos de Mónica Oltra era 'desmercantilizar' el sector y yo entendía que eso era sacarlo de los niveles de especulacion que había habido y solventar problemas de corrupción que Aerte denunció durante muchísmos años sin que nadie le escuchara. Pero parece que la desmercantilización también era ir arrinconando poco a poco a las empresas cuando hemos demostrado el compromiso y voluntad de hacer bien las cosas. Ninguna empresa se puede permitir el lujo de hacer mal su trabajo, salvo que tenga un monopolio, porque si lo hace mal se queda sin clientes.
¿Han pagado ustedes el pato de la corrupción?
Corresponde a una etapa anterior y no todas las empresas somos iguales. Nosotros denunciamos la corrupción hasta la saciedad. No se nos quedó nada en el tintero. Pero no nos hemos sentido arropados por la administración, en ningun caso. Estuvimos 7 meses esperando a que nos recibiera Mónica Oltra y somos la entidad más representativa del sector.
La patronal habla de residencias pero la Conselleria apuesta por microcentros, pisos tutelados...
Hay que buscar modelos sostenibles porque se habla de pisos tutelados, residencias muy pequeñas... Pero hemos hecho números y el precio/coste de las plazas es prohibitivo y hay que replantearse cómo hacer sostenibles el sistema incrementando la calidad, para que dure en el tiempo. La residencia más grande que hay en la Comunitat Valenciana si no recuerdo mal es Carlet, de gestión pública directa con más de 400 plazas. Es muy difícil de gestionar con un nivel de calidad adecuado porque genera un volumen muy elevado. Pero es verdad que también hay residencias muy pequeñas de 30 o 40 plazas que tienen el coste muy elevado porque el ratio del personal mínimo es elevado. Hay que buscar el equilibrio. Residencias por menos de 100 plazas es difícil que sean sostenibles. Hay que ver cuál es el volumen adecuado. No hay recursos ni mejores ni peores y hay que pensar en el usuario.
Al usuario le chocan los precios ¿Cómo puede ser «barata» una plaza de 1.200 euros al mes?
Porque tiene un coste de personal muy importante. Construir una residencia de 100 o 120 plazas puede estar en 5 millones de euros y el 75 % del coste es en personal. El nuestro es un sector generador de empleo, donde el 80 % son mujeres, muchas de ellas de mediana edad que se han reciclado y han vuelto a la vida laboral. En 2016 en España se creaban 35 puestos de trabajo por cada millón de euros destinados al sector; en Castilla León se llegan a emplear a 50 con ese millón, pero nosotros estamos en 22,80. Nos queda mucho trabajo por hacer.
¿Y por qué se crea aquí menos empleo en el sector?
Por el cuidador no profesional. Hay un estudio que dice que cuantos más cuidadores no profesionales hay en una comunidad menos trabajo se genera con ese mismo millón de euros. La ayuda del cuidador no profesional es de 387 euros y, en su mayoría, son mujeres que dejan su trabajo. No tienen seguro de desempleo ni representación sindical ni convenio colectivo. Hay mucho impacto de género y es una medida «low cost». Las familias son fundamentales en este proceso y siempre hacen un gran esfuerzo pero deben tener unos servicios profesionales que le atiendan y que dependan de la Administración. Solo hay 850 cuidadores no profesionales dados de alta, según datos de la Seguridad Social, de 25.000 o 26.000. Están en una situación precaria y no se puede seguir apostando con esto.
