02 de enero de 2018
02.01.2018
Dependencia

El Gobierno disfraza un supuesto aumento de la ayuda a la dependencia

El último Consejo de Ministros del año vende un alza del mínimo de protección que solo afecta a dinero que se devenga pero no se cobra

02.01.2018 | 04:15
Concentración con ocasión del X aniversario de la ley.

El último Consejo de Ministros de 2017, reunido el pasado viernes, aprobó un Real Decreto que establece «el nivel mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia». El decreto en cuestión se publicó el sábado 30 de diciembre y, supuestamente, representa un alza del 5,26 % del dinero que aporta el Estado para garantizar un mínimo a los dependientes en las tres categorías en que se distribuyen: gran dependencia, dependencia severa y dependencia moderada.

Las notas de prensa del Consejo de Ministros del pasado viernes aluden al decreto como un alza genérica de 1.354,81 millones de euros en los fondos que aporta el Estado para que las distintas comunidades autónomas distribuyan las ayudas entre las personas que requieren ese dinero «como condición básica de garantía del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia».

El problema es que la única referencia homologable en el decreto de 2012 que supuestamente se está mejorando ligeramente por encima del 5 % corresponde a los depedientes que tienen derecho a la prestación pero todavía no han sido valorados, aquellos que todavía no han sido evaluados por un técnico que debe establecer exactamente las atenciones que deben percibir y, en paralelo, la cuantía que les corresponde.


En un plazo de seis meses

Es decir, se eleva una ayuda que aquel que solicita la prestación recibirá, supuestamente en un plazo nunca superior a seis meses, cuando los técnicos autonómicos correspondientes hayan evaluado su situación. Una prestación que se devenga pero no se cobra efectivamente hasta que se reconozcan las necesidades del ciudadano en cuestión.

No sería raro que fuera así, puesto que el decreto se fundamenta, entre otros, en un decreto de 2012 para el fomento de la competitividad y para garantizar la estabilidad presupuestaria. Si no fuera el caso, si el Gobierno realmente afectara a los dependientes que ya han sido valorados, no habría tal alza, sino todo lo contrario. El único caso que realmente se puede comparar corresponde a los dependientes moderados, para quienes la aportación estatal ascendía a 52,06 euros en 2012 si efectivamente la estaban percibiendo.

El nuevo decreto cifra esa ayuda en 47,38 euros. Lo que supondría una rebaja del 9% solo para los dependientes moderados.

Los mínimos anteriores se establecieron en julio de 2012 en una disposición adicional transitoria «hasta tanto se regule reglamentariamente» lo previsto en la ley que aprobó el Gobierno que presidía el socialista José Luis Zapatero en diciembre de 2006.

Cinco años y medio después, el reglamento de la ley en cuestión sigue sin desarrollarse. Y mientras en sendas disposiciones transitorias el Gobierno de Mariano Rajoy distinguía claramente entre dependientes «con resolución de grado y nivel de dependencia reconocido» y los beneficiarios «que no tengan resolución de reconocimiento de la situación de dependencia», es decir, que todavía no la cobran efectivamente, el decreto aprobado el 29 de diciembre, el último día fiscal hábil de 2017, no aclara ese extremo.

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