Poco a poco y después de que el personal sanitario valenciano haya padecido en sus carnes numerosas agresiones a lo largo de estos últimos años, la figura del interlocutor territorial policial sanitario ve la luz al final del túnel. La implantación de este policía experto en agresiones a médicos y enfermeros es cuestión ya de pequeños matices pero las negociaciones están muy avanzadas. Así lo atestiguan fuentes de la delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana, que ya han nombrado a los responsables provinciales de Policía Nacional y Guardia Civil en dicha materia.
Después de mantener varias reuniones técnicas en las que han estado presentes responsables de ambos cuerpos policiales y de la Conselleria de Sanidad, así como con el Colegio de Médicos de València, la pelota está ahora en el lado de la Generalitat, quien deberá indicar las personas de referencia en cada centro sanitario, según explicaron las fuentes consultadas por este periódico.
La situación había llegado a un punto que era ya insostenible. Como ya alertó este periódico la semana pasada, durante el año 2016 el personal sanitario valenciano sufrió casi un agresión diaria. Concretamente se produjeron 306 agresiones, tanto físicas como verbales, lo que supone una tasa de 5,89 agresiones por cada mil trabajadores al año. Así lo indicaba un informe realizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Conselleria de Sanidad Universal.
En estos datos solo se tenía en cuenta los casos puestos en conocimiento, por lo que la cifra podría ser mucho mayor. «Las cifras de agresiones a sanitarios serían escandalosas si no hubiera miedo a denunciar», reconocía el secretario provincial de Satse en València, Arturo Morell. Dicho sindicato reclama mayor vigilancia para combatir este problema, como alarmas fijas y móviles y protocolos de protección para atajar de una vez por todas los ataques al personal sanitario.
Aunque es la propia personalidad del agresor la que está detrás de la mayoría de los ataques, sobre los motivos que propiciaron esta violencia del todo injustificada son el excesivo tiempo de espera o lo que el paciente entiende como una cuestionable atención personal o profesional recibida.
Las mujeres son con un 77 por ciento las que más agresiones de este tipo sufren en su puesto de trabajo, principalmente personal de enfermería.
Para erradicar este incremento de agresiones a médicos, celadores y enfermeros, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha la creación de este «policía sanitario» que hará de enlace entre el personal del hospital y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La medida, con la que llevan ya tiempo trabajando, ya está en marcha y solo falta que se concrete con nombres y apellidos en cada centro.
