El personal sanitario dispondrá de alarmas, de sistemas de comunicación y vigilancia, de compañía en casos de riesgo en atención a domicilio, entre otras varias medidas preventivas para paliar el elevado número de agresiones, tanto físicas como verbales, que soportan de parte de pacientes descontentos. A lo largo de 2017 se registraron 409 agresiones de las que 329 fueron verbales y 80 fueron físicas, según consta en un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Conselleria de Sanidad.

Cuando los usuarios impacientes se convierten en un riesgo para los trabajadores está claro que hay que tomar cartas en el asunto. Y esa es la vocación del denominado Plan de Prevención Integral frente a las Agresiones al Personal Sanitario que elabora la Conselleria de Sanidad en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El Ministerio de Interior ha creado la figura del interlocutor policial sanitario. El Cuerpo Nacional de Policía ha designado tres interlocutores, uno por provincia, mientras que la Guardia Civil, cuyo ámbito de actuación es mucho más disperso, cuenta con tres interlocutores provinciales y uno autonómico.

Los interlocutores de parte de la Conselleria de Sanidad son, precisamente, los diversos responsables del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. El jefe del Servicio en València y los distintos responsables administrativos en los diversos centros periféricos.

Protocolos de coordinación

Unos y otros trabajan en la definición de los protocolos de coordinación para agilizar la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado si fuera necesario o, simplemente, para canalizar las denuncias de los trabajadores afectados. De hecho, el plan de prevención frente a las agresiones es parte del primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales que elabora la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Carmen Montón, consellera de Sanidad, expresó desde su llegada al cargo la necesidad de reconocer al personal sanitario como el principal activo del sistema de salud pública. Por esa razón, se puso en marcha una campaña de tolerancia cero ante las agresiones y se ha facilitado la denuncia. Como resultado, a lo largo de 2017 se ha registrado un alza en el número total de denuncias del 33% respecto al ejercicio anterior, pero un paralelo descenso de las agresiones físicas, próximo al 25%. Los servicios de prevención constatan que el personal de enfermería es ligeramente más vulnerable que el personal médico, aunque los pacientes agresivos no discriminan por cuestiones de jerarquía.

Sí sufren más agresiones las mujeres al servicio del sistema sanitario público que los hombres. Según los datos relativos al ejercicio de 2006, la diferencia ronda un 20%.

Más complicado resulta establecer las causas que llevan a un usuario del sistema sanitario a agredir al personal que le atiende. Los datos recabados por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Conselleria de Sanidad a lo largo de 2016 apuntan que el 9% de las agresiones responden a problemas de organización, es decir, colas excesivas o ausencia de información. La cuarta parte de las agresiones se atribuyen a pacientes disconformes con la atención que han recibido. Pero en un 54% de los casos la única causa apreciable se vincula al perfil del agresor.