La Conselleria de Sanidad no está dispuesta a recibir un tercer informe demoledor por parte de la Sindicatura de Comptes en referencia a los consorcios de los hospitales generales de València y Castelló. Como publicó ayer Levante-EMV, los centros sanitarios contaron con «importantes debilidades en el control interno» y diferentes incumplimientos de normativa, unas irregularidades que el año anterior acabaron en el Tribunal de Cuentas. Según explicaron ayer fuentes de la conselleria que dirige Carmen Montón, ya se han introducido medidas de fiscalización. En la actualidad, aseguran las mismas fuentes, los contratos se acompañan de informes propios de los servicios jurídicos, uno de los aspectos que afeaba la sindicatura, ya que durante 2016 se llegaron a contabilizar hasta 127 millones de expedientes sin control previo en el conjunto de ambos centros hospitalarios.
Además, los modelos de los pliegos de contratación que se utilizan «son los mismos que los empleados por la conselleria, que sí están informados por la Intervención de la Generalitat, hecho que antes no sucedía. En este sentido, explicaron que «durante este año» se pondrá en marcha un control previo de los actos de los dos consorcios, encomendando su ejercicio a la Intervención General.
La situación que se vive en el complejo hospitalario (que se somete a las auditorías de la sindicatura desde que entró el gobierno del Botànic) no ha agradado al PP en la Diputación de València, institución que participa al 50 % del consorcio. «La corporación es incapaz de exigir responsabilidades a la gerencia nombrada por Sanidad», lamentó la portavoz, Mari Carmen Contelles.
