El conflicto abierto entre el gobierno de la Generalitat y el Partido Popular, generado a raíz de la resolución del Consell Jurídic Consultiu sobre el plan que autoriza la posible construcción de un campo de golf en Gandia, está lejos de cerrarse. La presidenta de los populares en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha cargado en declaraciones a Levante-EMV contra la actual consellera de Territorio, María José Salvador, por «manipular la información sobre el contenido del informe del Consell Jurídic Consultiu».
Este texto revisaba, a petición de la Generalitat, si el plan que autoriza el campo de golf del Marjal de Gandia cumplía con la acreditación de recursos hídricos y la afección sobre la zona húmeda necesarios para su futura puesta en marcha. Sin embargo, esta revisión no llegó a producirse debido a que el Consell Jurídic declaraba la «caducidad de este procedimiento de revisión» por no notificar y publicar la Administración Pública autonómica la resolución definitiva en los seis meses posteriores a iniciarse el trámite, es decir, antes del pasado 1 de mayo de 2017.
Por ello, para Bonig, la información emitida sobre una supuesta anulación del proyecto por parte del órgano consultivo -que fue aprobado al final de su mandato como consellera de Infraestructuras- es «torticera y falsa» porque a lo que realmente se hace referencia en el informe «es al procedimiento de revisión» pedido por la Conselleria de Territorio y no a su proyecto, que «se aprobó con todos los informes necesarios».
La lideresa del PP valenciano también ha expresado a este periódico que no considera que las informaciones producidas por la consellería de María José Salvador sean la manera correcta de ejercer política y se ha mostrado rotunda al insistir en que «si esta es la guerra que quiere el Govern de la Generalitat, la van a tener».
Estas declaraciones se unen a las expresadas previamente por el grupo popular de Gandia esta misma semana, el cual argumentaba que «el Plan Especial del Marjal contó con innumerables informes favorables de todas las administraciones implicadas». Asimismo, también se efectuaron «tres períodos de exposición pública y se notificó a más de 160 propietarios para garantizar la máxima transparencia y que se pudieran efectuar alegaciones por todos los interesados», recalcó el PP de Gandia.
En la misma línea se manifestó el diputado popular en les Corts y portavoz en Gandia Víctor Soler, quien señaló que los partidos que actualmente gobiernan la Generalitat y el consistorio gandiense «están intentando por todos los medios deshacer una aprobación definitiva que cuenta con todos los informes legales preceptivos, pero son tan chapuceros que lo han hecho mal hasta en dos ocasiones y el Consell Jurídic Consultiu así lo advierte».
Sin perjuicio para otra revisión
Pese a que la declaración del Jurídic ha frenado los intentos del Govern por eliminar las 34 hectáreas de suelo apto que abarca el campo de golf, el documento emitido por el organismo de consulta, al que ha tenido acceso Levante-EMV, no impide que la conselleria pueda iniciar un nuevo procedimiento de revisión.
En caso de querer realizar este nuevo procedimiento, la Administración deberá cumplimentar «el trámite de audiencia pública» en el nuevo «procedimiento de revisión de oficio por nulidad parcial». En este trámite deberá solicitar la eliminación en el plan del espacio dedicado a este elemento deportivo y, del mismo modo, la Conferencia Hidrográfica del Júcar tendrá que aclarar «la existencia o inexistencia de recursos hídricos suficientes para satisfacer las nuevas demandas».
Además, el Consell Jurídic también requiere en su escrito que para iniciar una nueva revisión, la conselleria de María José Salvador deberá emitir el «informe en el sentido de señalar las especiales precauciones que se deberían adoptar o haber adoptado con el fin de evitar la recesión y degradación ambiental que podría producir la mencionada ordenación urbanística».
