Aunque el propósito de todos los partidos políticos y estamentos es desde hace años erradicar de una vez por todas la lacra de la violencia machista, como así lo refleja el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, algunas de las medidas adoptadas en el último lustro siguen sin ponerse en marcha y quedan en papel mojado por falta de medios u otras cuestiones ajenas a los propios implicados en llevarlas a cabo. Una de ellas sería las valoraciones forenses integrales del riesgo, cuyo protocolo fue creado en el año 2011 y que con la modificación de la Ley Orgánica 7/2015 serían un imperativo legal, siempre a instancias de los propios juzgados.

No obstante, según ha podido confirmar Levante-EMV, los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de València llevan años sin realizar dicha valoración integral del riesgo, que obliga a examinar a víctima, maltratador y entorno en un plazo de 72 horas, para poder adoptar «medidas de intervención más efectivas». En el último mes y medio se habrían realizado prácticamente las primeras valoraciones después de que el Juzgado de Violencia número uno de València, a instancias de la Fiscalía, solicitara las primeras.

Hasta ese momento, según fuentes del IML, apenas se les había solicitado que las realizaran, o las pocas que habían hecho eran posteriores a haber adoptado ya una medida cautelar, más de cara al juicio que en la puesta a disposición judicial del detenido. Un ejemplo de ello es que en el caso ocurrido el pasado miércoles en Requena, donde un maltratador reincidente retuvo durante cuatro largas horas a su expareja amenazándola con un cuchillo, no existía valoración forense del riesgo, pese a que el pasado 22 de noviembre el ahora arrestado volvió a quebrantar la orden de alejamiento, como ya informó ayer este periódico.

Estas mismas fuentes explicaron que las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), que cuentan con una psicóloga, una trabajadora social y médicos forenses asignados a ella, están creadas desde el 2008, «pero en fase de desarrollo». «Desde el IML llevamos tiempo reclamando a la Dirección General la formalización de la unidad y la creación de un coordinador y un Jefe de Sección», aseguran desde la dirección del Instituto de Medicina Legal.

La fiscal delegada de Violencia de Género de València, Rosa Guiralt, reconoce que hasta hace apenas unos meses no se estaban solicitando dichas evaluaciones integrales del riesgo «y las únicas que se han solicitado han sido rechazadas». Así, insta tanto a los fiscales de violencia a solicitarlas cuando sea conveniente, como a los jueces a concederlas. «Que sepan que esa posibilidad existe y hay que ponerla en práctica», añadió.

Por su parte, algunos fiscales sostienen que los jueces no las conceden por cuestiones de operatividad, porque la evaluación integral del riesgo por parte de los forenses retrasa la toma de decisión de las medidas judiciales.

Además, en la decisión del juez priman más otras cuestiones estrictamente jurídicas; como antecedentes, reincidencias delictiva, quebrantamientos, tipo de lesiones, dependencia económica y emocional, y percepción inmediata por parte del propio fiscal cuando tiene que solicitar la medida cautelar. «A la hora de adoptar medidas como una orden de alejamiento o la prisión provisional la valoración de los forenses no es determinante, solo orientativa, no podemos estar a expensas de ese informe», remarca otro fiscal especialista en violencia contra la mujer.

«Las valoraciones forenses integrales del riesgo pueden ser un instrumento muy útil porque las UVFI se convierten en centros de estudio en los que se aprovecha toda la información, no solo para ese caso concreto, sino para abordar, estudiar y combatir el problema de fondo», concluye una forense asignada a un juzgado mixto de violencia donde todavía es más extraño que se soliciten estas valoraciones.

Hoy se espera que pase a disposición judicial el arrestado de 32 años por secuestrar a su expareja en Requena tras quebrantar la orden de alejamiento que le impedía entrar en el municipio. En su caso, la eficacia de la Guardia Civil evitó la tragedia.