La superestructura de órganos de control a la gestión del Consell engordada durante el Gobierno del Botànic y que suma una decena de entes de fiscalización ( de ámbito interno o externo) aún podría crecer antes de finalizar esta legislatura.
La Conselleria de Transparencia tiene en mente crear un nuevo organismo que se dedique de forma exclusiva a garantizar el «buen gobierno» en la Generalitat. Este nuevo ente estará representado por los agentes sociales de relevancia en la Comunitat Valenciana y por responsables de la propia Administración.
Las competencias sobre el buen gobierno están atribuidas en estos momentos al Consell de Transparencia, pero desde el departamento que dirige Manuel Alcaraz se considera que deberían desgajarse para ser ejercidas de forma específica por una nueva entidad.
De ver la luz, y sin tener en cuenta la propia conselleria de Transparencia, el Botànic habría alumbrado cuatro nuevos organismos para luchar contra la corrupción: el Consell de Transparencia, la oficina de conflictos e intereses y la Oficina Antifraude.
La constitución del Consell del Buen Gobierno es uno de los objetivos de la nueva ley de Transparencia que el Ejecutivo quiere sacar adelante tras considerar que la actual, aprobada bajo mandato del PP, se ha quedado corta. La futura ley, bautizada como ley de Gobierno Abierto de la Comunitat Valenciana se encuentra ya en fase de consulta pública.
La norma de Transparencia apenas tiene dos años de vida, pero en opinión del Ejecutivo son necesarias mejoras tanto cualitativas como cuantitativas y cita entre ellas, el impulso de datos abiertos, la revisión de la regulación del Consell de Transparencia o la revisión del título completo dedicado a participación.
La norma que el Consell considera ya desfasada fue aprobada al final del mandato de Alberto Fabra, pero fue el nuevo Consell a quien le tocó aplicarla y desarrollarla reglamentariamente. Esta ley, obligatoria para todas las comunidades, contiene numerosas exigencias de acceso a la información para las administraciones, entidades de autogobierno, partidos políticos o sindicatos. No todas se han cumplido al pie de la letra (las reticencias de algunos altos cargos han sido importantes), si bien el grado de transparencia actual es muy superior al que existió en la etapa popular.
La conselleria de Alcaraz, un departamento creado ex profeso como gesto para marcar distancias con una época en la que proliferaron los casos de corrupción, siempre se ha quejado por haber tenido que aplicar una ley que consideraba engorrosa. Aun así, aprobó varios reglamentos para desarrollarla y, entre otras medidas, dio vida a una de sus previsiones: el Consell de Transparencia, un órgano adscrito a la conselleria, pero con independencia funcional.
Este órgano, en el que están representados todos los partidos de las Corts (cinco consejeros), ha sido muy crítico con Transparencia. Se queja constantemente de falta de medios y recursos para hacer su trabajo, al tiempo que reclaman más autonomía. Es decir, buscan convertirse en una institución de autogobierno, adscrita a las Corts.
Un portal de participación
El departamento de Transparencia quiere una nueva regulación de este organismo para «dotarlo de plena autonomía orgánica y funciona», ahora bien le recortará las competencias de buen gobierno que «habrá que atribuirlas a un nuevo órgano, creado específicamente para el control y la garantía del buen gobierno».
La nueva ley, según se desprende de la documentación que se encuentra en fase de consulta pública, incluirá también nuevas herramientas al servicio de la ciudadanía, sobre todo, para impulsar la participación, uno de los puntos débiles de la ley. Así, por ejemplo, se anuncia la creación de un portal de Participación Ciudadana que permita avanzar hacia una democracia participativa.
