El final del año ha sido «duro» en la Diputación de València. La masificación de pagos y facturas pendientes se convirtió en una gran bola gigante que amenazaba con colapsar el sistema, principalmente el de Intervención, por donde pasa cada gasto antes de darse la luz verde definitiva.
En previsión del embudo (había más de diez millones de euros pendientes de abonar), desde ese departamento se pidieron refuerzos el 17 de octubre para afrontar «dos momentos críticos»: el previo a diciembre y el cierre de la contabilidad de los centros gestores.
Así, a principios del mes pasado se aprobó un plan de choque que se prolongará hasta final de este enero, según informaron fuentes de la corporación provincial a Levante-EMV. Entre los principales factores que han contribuido a sumir en este atasco a la diputación, además de la coyuntura propia de la contabilidad de final de año, están la falta de personal y el sistema informático con el que trabajan los funcionarios, según explicó el diputado delegado de Hacienda, el socialista Toni Gaspar.
«Los funcionarios pueden llegar a pasar cinco minutos con una misma factura porque la página se queda colgada», explica, al tiempo que aboga por invertir en cambiar esta aplicación para agilizar el trabajo. «Si no tenemos las herramientas para trabajar dentro de la casa, no podemos ayudar fuera», lamenta. El descontento de los trabajadores por este asunto es notable.
Para este plan de choque, la diputación ha destinado una partida de 6.000 euros para pagar las horas extras de los funcionarios de Intervención. Y parece que de momento da sus frutos. A 31 de octubre existían 2.427 facturas pendientes de pagar por un importe de 10,7 millones y de una antigüedad media de 58,1 días, según datos de la corporación. Según una primera estimación se ha conseguido bajar la esta tardanza en el pago. El ratio de operaciones abonadas ha pasado de 56,6 días de octubre a 37,2 en noviembre.
