El PP ha amenazado al Consell con un nuevo proceso judicial por ocultación de datos si no le entrega con urgencia las alegaciones al decreto del plurilingüismo que pidió por escrito.
El ejecutivo valenciano entiende, sin embargo, que los populares buscan más la sentencia que la información por el modo en que han procedido en su solicitud.
La acusación se justifica en que la diputada popular Beatriz Gascó presentó la petición de la documentación el 21 de diciembre, pero no en las Corts ni en la Conselleria de Educación, sino en la de Hacienda, a pesar de que los datos requeridos competen a Vicent Marzà.
Así, la solicitud no ha entrado en Educación hasta el pasado lunes, día 8, cuando el PP daba «un plazo improrrogable» de 20 días para obtener las copias de todas las alegaciones, que son cerca de un millar.
Fuentes del grupo popular alegan que presentaron la petición en Hacienda por ser «el registro más cercano» y recordaron que el registro de la Generalitat es común. «Si no funciona bien, ese es otro problema», señalaron, al tiempo que insistieron en que los plazos han de cumplirse y, si no, «iremos al contencioso».
El director general de Relaciones con las Corts, Antonio Torres, acusa sin embargo a los populares de «falta de conocimiento» y de «desfachatez». Argumenta que el Consell «no es opaco» y que aporta el material solicitado siempre que dispone de él.
En todo caso, recuerda que, como es habitual en la cámara, enero es un mes inhábil y no cuenta para plazos oficiales, de modo que no han vencido los veinte días para la entrega de las alegaciones del plurilingüismo. De estas, señala que el PP ya debe conocer muchas porque son de cargos y concejales del partido.
Las diputadas Gasco y María José Català pidieron esta documentación el 28 de junio pasado. Marzà contestó el 26 de septiembre con una relación de las alegaciones y poniéndolas a disposición en la conselleria. Gascó se personó el 12 de diciembre, pero no se le entregaron copias por contener «datos sensibles protegidos». De ahí la petición última. La portavoz adjunta, Eva Ortiz, insistió el martes en que su grupo irá al TSJ si no recibe las copias.
