La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra tiene claro que para que los menores tutelados por la Generalitat Valenciana vivan en un hogar y no en un centro, las familias de acogida deben aumentar sus derechos para compensar la labor que realizan a la sociedad e ir sumando nuevas incorporaciones.
Por ello, tras equiparar la cuantía económica de las familias que comparten línea sanguínea con el menor de acogida (extensas) y las educadoras, suprimir las demoras en el cobro y aumentar las cantidades, la Dirección General de Infancia ha dado un paso más: las familias de acogida y las numerosas se equipararán en derechos, exenciones fiscales y bonificaciones en tasas y precios públicos.
Es decir, una familia de cinco hermanos y una pareja con un hijo biológico y otro de acogida pagarán el mismo precio en el transporte público y tendrán el mismo descuento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), etc. Además, «la Generalitat en su política tributaria y de vivienda tendrá en cuenta la situación de las familias acogedoras, de manera que se compensen las mayores necesidades derivadas de haber integrado en la familia un niño, niña o adolescente bajo protección pública», explican desde la conselleria.
Y es que la ley de Infancia que prepara la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas incluye distintas novedades en el sistema de protección de menores con cuatro objetivos sobre los que se concentran las medidas: reforzar los derechos de las personas protegidas, otorgar prioridad al acogimiento familiar respecto al residencial, contar con la opinión y participación de los menores en las decisiones que les afecten y un programa de emancipación para que los menores tutelados no pasen de la protección a la nada al cumplir los 18 años.
Autonomía personal y social
«La acción protectora no se interrumpe bruscamente al alcanzar la mayoría de edad. Se prepara a quienes han estado protegidos para la vida adulta, para ello, a partir de los 16 años, quienes se encuentren bajo la tutela de la Generalitat, y que se hallen en riesgo de exclusión social, por carecer de apoyos familiares adecuados, tendrán derecho a participar en un programa de preparación para la vida independiente. También tendrán este derecho quienes al alcanzar la mayoría de edad estuvieran en esta situación. La participación en estos programas será voluntaria y estará condicionada a un compromiso de participación y aprovechamiento», explican las mismas fuentes.
El programa de emancipación empieza a los 16 años, pero aún se desconoce hasta qué edad el joven mayor de 18 años podrá seguir formando parte del sistema. El programa de «vida independiente» incluirá una red de pisos o la prolongación de la estancia en los centros u hogares de acogimiento.
Por ello, ya se han puesto a disposición de este plan dos pisos públicos (los primeros de estas características que se ponen en marcha desde los años 80), y su puesta en marcha se consolidará con la aplicación de la ley.
Entre las novedades que prevé la ley de Infancia destaca también la creación de una figura de referencia para el menor dentro del sistema de protección. «Será una persona que disponga de información de conjunto de la acción protectora, y a la que pueda acceder con facilidad para ser informada o escuchada. Por último, los menores serán consultados colectivamente sobre el diseño y funcionamiento del sistema a través de un consejo de participación».
