El incendio accidental que el pasado 10 de septiembre obligó al cierre de la Ciutat de la Justícia durante casi una semana y a suspender más de 2.000 juicios y vistas le ha costado a la Conselleria de Justicia casi tres millones de euros. Y aún quedan dos plantas parcialmente por reabrir.

Fuentes del departamento que dirige Gabriela Bravo confirmaron a Levante-EMV que la factura final es de 2.870.696,94 euros, incluyendo la masa salarial por el incremento de funcionarios para poner al día la actividad judicial originada por el cierre y las consiguientes suspensiones y aplazamientos de las vistas.

La mayor partida, con 320.000 euros (sin IVA) se la han llevado las labores de limpieza y descontaminación no sólo de las instalaciones, sino también de los expedientes afectados por el hollín.

El refuerzo estructural -segundo capítulo más caro- ha costado 270.000 euros y remodelar la instalación eléctrica, de voz y de datos, 240.000.

Por otro lado, la centralita única que albergará en un solo espacio el control contra intrusismos y la alerta antiincendios -una de las razones por las que el fuego de septiembre hizo tanto daño fue la tardanza en detectarlo dado que nadie vigilaba el cuarto donde saltaba la alarma- se pondrá en marcha dentro de un mes.

El nuevo sistema, que ya anunció Levante-EMV, estará implementado para que el personal de seguridad vigile desde la sala de cámaras del retén de la Guardia Civil de la planta baja de la Ciutat de la Justícia todas las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana, aunque esa novedad no estará completada hasta junio.