«Quiero hacer un ofrecimiento a la Fiscalía, mi total colaboración de ahora en adelante en todas las causas pendientes». Así, con estas palabras, Francisco Correa, líder de la trama Gürtel, que salpicó a la ex cúpula del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, acabó su intervención en el último juicio de la trama Gürtel.
Y precisamente esta voluntad colaborativa ha derivado en una negociación por parte de la defensa de Correa con la Fiscalía Anticorrupción, para que la condena de este empresario se vea atenuada.
Este acuerdo, que todavía no ha cristalizado pese a que Correa ya confesó los pagos ilegales e incluso implicó al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, va a marcar el devenir del macrojuicio por la financiación ilegal del anterior Gobierno valenciano que comienza hoy en el Juzgado de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La búsqueda de una reducción de la condena de Correa podría llevar a que el cabecilla de la trama facilitara más información sobre el «modus operandi» de la trama.
Actualmente, Correa cumple una pena de 13 años de cárcel por el caso Fitury está a la espera de la sentencia por la primera época de Gürtel, en la que Anticorrupción pide para él 125 años. Con el pacto que busca el letrado de Correa, Juan Carlos Navarro, se espera que los 24 años y medio que le podrían «caer» por la financiación ilegal de los actos de campaña del PP valenciano en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, se vean reducidos a cambio de reparar el daño.
Empresarios que ya colaboran
Los diez empresarios sobre los que recae la acusación de donar dinero de forma irregular al partido y falsificar facturas, ya han optado por esta vía de negociación llegando a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.
Enrique Ortiz, José F. Beviá, Rafael Martínez, Tomás Martínez, Gabriel Batalla, Vicente Cotino, Enrique Gimeno, Antonio Pons, Alejandro Pons y José Fresquet son los empresarios que confesaron haber realizado distintos abonos al PPCV con motivo de dichas campañas electorales. A todos ellos se les piden sanciones económicas así como penas inferiores a los dos años por delitos electorales y falsedad documental, por lo que podrían eludir el ingreso en prisión.
Tres piezas con 20 imputados
El juicio que comienza hoy se centra en tres de las seis piezas en las que los juzgados han dividido la compleja relación entre Orange Market, empresa desde la que se gestionó la financiación irregular, y los populares valencianos.
El magistrado José María Vázquez Honrubia se encargará de juzgar los hechos investigados en las piezas primera, segunda y sexta, que afectan a la rama valenciana de la causa y que afectan a 20 personas de los ámbitos político y empresarial.
Las figuras políticas que se encuentran imputadas en el caso son Vicente Rambla, ex vicepresidente del Consell; Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV; Cristina Ibáñez, ex gerente del PPCV, David Serra, ex vicesecretario de Organización y ex diputado regional y Yolanda García, ex tesorera del PP valenciano. Todos ellos niegan los cargos de los que se les acusa y aseguran desconocer el método de financiación de la formación popular.
También como imputados figuran los gestores del grupo Correa: Francisco Correa, cabecilla de la trama; Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel; Álvaro Pérez «El Bigotes», responsable de la empresa Orange Market; Cándido Herrero, consejero delegado y contable de Orange Market y José Ramón Blanco, asesor de Correa y considerado el «cerebro financiero de la trama.
Como testigos más importantes acudirán el extesorero del PP, Luis Bárcenas, el expresidente Francisco Camps, Juan Cotino, expresidente de las Corts y el denunciante del caso, Juan Luis Peñas.
