Armonización fiscal, equiparación de recursos entre regiones, reestructuración de la deuda autonómica y blindaje de los servicios públicos. Sobre estas premisas básicas, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sellaron ayer en València un frente común para presionar al Gobierno de Rajoy y demostrar que ambas comunidades están juntas en la batalla por la mejora del sistema de financiación. Los dos líderes regionales consensuaron una declaración institucional que urge al Ejecutivo Central a corregir el «desequilibrio» entre territorios y a reconocer la «insuficiencia financiera» que soportan el conjunto de las comunidades.

Aunque las posiciones «no son comunes al 100%» -como admitió Page- los presidentes autonómicos se esforzaron en pergeñar un discurso único sobre la base de que es más lo que une que lo que separa a ambas autonomías, más allá de los enfrentamientos en materia hídrica. La declaración al alimón exige que el nuevo modelo blinde frente a futuros recortes y proporcione estabilidad financiera a la prestación de los servicios sociales, la sanidad y la educación, con tal de garantizar que «todos los ciudadanos, independientemente del territorio en el que residan y de su capacidad fiscal», tengan derecho a acceder «a un nivel equivalente de servicios públicos». Las dos comunidades también coinciden en reclamar al Gobierno que regrese a la senda de la «lealtad institucional», tras haber incumplido el compromiso nacido de la Conferencia de Presidentes autonómicos de hace un año de reformar la financiación a lo largo de 2017.

Los líderes regionales secundaron la petición de que se celebre una nueva convocatoria de este órgano «lo antes posible», para «poner al día» el debate de la problemática «desde la perspectiva de la unión y no de la confrontación» entre territorios. Los presidentes autonómicos del PP Alberto Nuñez Feijóo (Galicia) y Juan Vicente Herrera (Castilla y León) también han pedido esta reunión, si bien éstos son partidarios de aguardar a que se solucione la investidura de Cataluña. Page recordó ayer que el presidente catalán «nunca fue a la Conferencia de Presidentes». Y sentenció: «no hay excusa para abordar ya la reforma: tampoco Cataluña puede serlo».

La «opción» de la quita

La cumbre manchego-valenciana se produjo un día después de que el Consell acordase solicitar al Senado la comparecencia del presidente de la Generalitat en la cámara alta para valorar el impacto que genera el retraso en la reforma del modelo de financiación sobre el conjunto de las comunidades y, en particular, el «grave perjuicio» que sufre la Comunitat Valenciana por la insuficiencia financiera.

El acuerdo institucional de ayer aboga por incluir en el nuevo sistema un proceso de armonización fiscal «anti-dumping» que evite «la competencia fiscal desleal» que ejercen otros territorios como Madrid y salvaguarde «la corresponsabilidad fiscal, la distribución equilibrada del déficit entre administraciones públicas y la reestructuración y rebaja de la deuda que soportan las autonomías, en reconocimiento de que una parte fundamental de esta es producto de la insuficiencia de ingresos». En ese sentido, Page también apoyó la incorporación de la quita de deuda de las comunidades que defiende el jefe del Consell, como «una opción» válida en el marco de la negociación del modelo. Esta idea, que genera división, es vista como una forma de compensar el mayor esfuerzo que han tenido que hacer las autonomías durante la crisis.