Quienes siguieron de cerca el último juicio por la gestión de la CAM no podían dejar de preguntarse por qué junto a los ocho acusados por el hundimiento de la caja no estaba sentado también el Banco de España. Por qué no se le exigían responsabilidades a un organismo que, teniendo la obligación de detectar y corregir las prácticas de falseo contable que un tribunal ha considerado probadas, permitió que se desarrollaran hasta que la entidad se fue a pique.

La misma pregunta vuelve a repetirse ahora en el juicio por la financiación ilegal del PP, aunque en este caso el partido siga aún a flote ¿Por qué la formación conservadora no está sentada allí? ¿Por qué no ocupa un sitio en el banquillo de los acusados junto a quienes fueran sus dirigentes en la Comunidad Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Cristina Ibáñez o Yolanda García, aunque parece evidente que podrían haber sido muchos más?

Han bastado tres sesiones de vista oral junto a la incontinencia verbal y el deseo de contar «toda la verdad» de los cabecillas de la trama Gürtel para constatar que la financiación de un partido no es sólo cosa de cinco. Máxime cuando en la ecuación para llegar a fin de mes intervienen pagos en negro (en fajos de billetes declaró Pablo Crespo que desde València le llevaba el dinero a Francisco Correa Madrid para su caja b), facturas falsas y lo más granado del empresariado valenciano pasando por caja si querían no perder la nada despreciable condición de contratristas públicos, aunque a la postre eso saliera en parte de su cuenta de resultados.

Que de todo esto estaba cuanto menos al corriente Francisco Camps no parece descabellado aún cuando al «amiguito del alma» del exjefe del Consell no se le hubiera desatado la lengua y hubiera puesto negro sobre blanco en una declaración a la que no por buscar el legítimo objetivo de reducir su condena hay que restarle credibilidad. Sobre todo si, como si de un puzzle se tratara, su testimonio, al igual que el del propio Crespo y, con más tibieza, el de Correa coincide con lo admitido por los empresarios acusados.

Cierto es que en un proceso penal las palabras sin pruebas pueden acabar barridas por el viento. Y que Camps está tan blindado por la prescripción de unos hechos por los que nunca se ha actuado contra él que la reprobación por una financiación a todas luces cuestionable no pasará del berrinche mediático y las posibles consecuencias políticas (sin las hubiera) de un personaje ya fuera de circulación, pero con sueldo público. Algo que conviene tener presente por si fuera preciso replanteárselo.

En la película de Scorsese el chaval aspirante a mafioso que intenta abrirse camino junto a sus amigos en el difícil mundo del hampa acaba en un programa de protección de testigos después de testificar en contra de sus antiguos socios. El miércoles se reanuda el juicio con la declaración de los dos acusados de la trama que aún quedan por hacerlo. Después le tocará el turno a Ricardo Costa, Ric para los amigos. Una comparecencia que se espera con expectación y que, ante previsibles reproches, siempre podrá decir aquello de que «no es nada personal, son sólo negocios».