El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, le sigue costando a las arcas públicas autonómicas 140.000 euros al año. El precio de mantener al exmandatario sale del sueldo que percibe Camps como miembro nato del Consell Juridic Consultiu, por el que cobra 58.000 euros brutos anuales, más lo que destina el gobierno valenciano a su chófer al disponer de coche oficial (34.000 euros anuales) y a su secretaria particular, que percibe 48.000 euros brutos anuales, según recoge la web especializada en salarios de cargos políticos sueldospúblicos. La suma -alrededor de 140.000 euros- sale de las arcas autonómicas y la normativa que lo permite -el Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat Valenciana- también.

La normativa del Estatuto de Expresidentes, que data de 2002 aunque se reformó en 2009, permite a Camps seguir teniendo el tratamiento vitalicio de «Molt Honorable», disponer de dos asesores y un conductor y pagarle por ser miembro nato del CJC, en el que el exjefe del Consell instaló su despacho. Su pertenencia a este órgano es de 15 años al haber cumplido con dos legislaturas completas, por lo que cobrará sueldo público hasta 2026. Sobre todo, porque fuentes del PP consultadas por este diario aseguran que Camps no tiene intención de abandonar su puesto. Varias declaraciones que se han escuchado en el juicio de la rama valenciana de Gürtel que investiga la financiación irregular del PP, que comenzó la semana pasada y que se retoma hoy en la Audiencia Nacional, apuntan a Camps como uno de los dirigentes populares que «mandaba».

El expresidente está llamado a declarar en el juicio como testigo. El que fuera número dos del PPCV en la etapa de Camps, Ricardo Costa, es uno de los acusados y está previsto que declare hoy en la vista oral. Gürtel afectó ya a Camps cuando se le juzgó por haber recibido presuntamente unos trajes de empresas de la trama, pero fue absuelto. Compromís anunció que llevará a las Cortes Valencianas una propuesta para que se vote una resolución que incluya la dimisión del expresidente Francisco Camps, de su puesto en el CJC) tras las revelaciones de la pasada semana de los cabecillas de la trama Gürtel en el juicio por la financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana. Compromís propone que la Cámara pueda reformar la ley de expresidentes para que «una amplia mayoría pueda decidir la suspensión del tratamiento de expresidente a personas como Francisco Camps, que decidieron servirse y servir a su partido corruptamente en lugar de servir a la sociedad valenciana», según indicó en un comunicado el portavoz en las Cortes de Compromís, Fran Ferri.

La coalición permite introducir la «causa de indignidad» para liquidar los privilegios de Camps quien, según publicaba recientemente este periódico, pasó varias facturas a Presidencia cuando ya había abandonado el cargo. Entre ellas había comidas con jamón de Jabugo y rebujito, transporte a Sevilla, desplazamientos por 640 euros, estancia en Madrid dos días por 245 euros, almuerzos cerca de la calle Génova y comidas en un club de tenis. La portavoz de Cs en las Cortes, Mari Carmen Sánchez, consideró ayer que el expresidente «no es una persona digna para formar parte de ninguna institución pública» y dijo que votará la propuesta de Compromís desde «la responsabilidad».