Ricardo Costa encendió ayer el ventilador de repartir responsabilidades y salpicó no solo a los imputados que pasarán por el banquillo de acusados, sino a otros cargos y empresarios que se han quedado fuera de esa lista en este juicio del caso Gürtel que investiga la financiación ilegal del PPCV en 2007 y 2008.

Entre los nombres que resonaron ayer en la sala de la Audiencia Nacional estaba el del expresidente de la Generalitat Alberto Fabra. El también exalcalde de Castelló negó ayer las acusaciones del exsecretario general del PP valenciano sobre supuestos pagos de las empresas «gürtelianas» para actos de la campaña municipal de 2007 en Castelló, con Fabra como aspirante a la alcaldía. «El planteamiento de Costa [entrega de dinero a la exalcaldesa de Alicante para actos de campaña en Castelló] es absurdo», dijo.

«Ni para esa campaña ni para otras, desde la junta local del PP de Castelló no se contrató ningún acto con la empresa Orange Market, y siempre nos ajustamos a las asignaciones que nos hacía la dirección del partido», añadió, sin especificar si se trataba del PP provincial, que entonces dirigía Carlos Fabra.

Este periódico intentó sin éxito conocer la versión del exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, sobre las declaraciones de Costa, que también le implican en la toma de decisiones a la hora de pagar actos de campaña del PP organizados por la rama valenciana de la trama Gürtel.

Otra de las afectadas por la táctica defensiva de Costa es la exalcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, quien calificó de «miserable» la actitud del ex secretario general del PPCV. Según Costa, se hizo una entrega de dinero a la ex primera edil para que pagase un acto en esa ciudad organizado por Orange Market.

A su juicio, es «miserable» involucrar a personas que «absolutamente nada tienen que ver» y cree «tremendo» que Ricardo Costa «se haya atrevido a mentir delante de un juez». Así, alegó que si Costa se dedicó «a repartir dinero» en campañas electorales -Castedo coordinó la de 2007-, de Alicante se ha olvidado».

«Demuestra que conocía muy poquito la campaña aquí en Alicante, porque yo, jamás, en ninguna campaña lleve ningún tema económico, nunca», continuó en declaraciones a Radio Alicante, recogidas por Europa Press. Sonia Castedo definió al Ricardo Costa de aquel momento como alguien que se creía «un dios con mucho poder, porque tenía mucho poder», que «hacía y deshacía como quería».

Otra de las que salió mal parada ayer por las acusaciones de Costa es Adela Pedrosa, exalcaldesa de Elda. Pedrosa afirmó que las «destartaladas acusaciones no se sostienen de ninguna manera». La también secretaria segunda de la mesa del Senado en la actualidad añadió que «Costa es muy libre de mentir y de difamar como considere oportuno para intentar defenderse, pero es curioso que algunos utilicen las herramientas de la Justicia para actuar injustamente contra personas que sabe que son inocentes. Allá cada uno con su conciencia».

Para Pedrosa, resulta «lamentable» que la estrategia de defensa y la de otros acusados consista en intentar «manchar el honor» de personas como ella, «atentando contra mi reputación volviendo sobre unos hechos sobre los cuales los tribunales ya resolvieron que no tengo ninguna relación».

«Nunca estuve en las conversaciones en las que este señor pudiera estar con los responsables de las empresas en las que trabajara el señor Álvaro Pérez. Tampoco asistí a reuniones con Pérez y Costa, ni le di órdenes, ni estuve en las negociaciones en las que participaran, ni negocié nada. En definitiva, no tuve relación con ninguna de las empresas que están en el juicio», zanjó ayer en un comunicado dirigido a los medios.

La exalcaldesa de Elda, situada en el la Cámara Alta por Rajoy cuando la Fiscalía la investigaba por utilizar asociaciones tapadera de las que presuntamente se habría servido el Partido Popular para ocultar su dinero, añadió que ejercerá acciones legales. «Incluidas las querellas criminales que fuere menester para defender mi honor y mi honradez. Algo que nadie, incluidos los tribunales, han puesto en duda jamás», añadió.

Silencio de los empresarios

Por su parte, entre las nuevas empresas implicadas destaca Secopsa, pero sus actuales propietarios declinan realizar manifestaciones al respecto al considerar que corresponde a los anteriores responsables de la misma. Dicha firma fue adquirida hace más de un año por el Grupo Gimeno y ha cambiado su nombre por el de Fovasa.

A Secopsa se la relaciona también con la financiación ilegal de la campañas electorales de Rita Barberá como una de las empresas pagadoras a Laterne, la firma que organizaba los actos de la exalcaldesa fallecida. En esa misma pieza está investigado Alfonso Grau como «presunto responsable de un delito de malversación de caudales públicos».

Este periódico intentó ayer conocer la versión del expresidente de las Corts Juan Cotino, quien según Costa era quien, junto a Camps, mandaba que el PP se financiase «con dinero en negro». Los responsables de Rover Alcisa, empresa también mencionada por el exnúmero dos del PPCV, tampoco respondieron.