María José Catalá, portavoz adjunta del PP en Les Corts Valencianes, aprovechó ayer la presentación del anteproyecto de ley de Servicios Sociales Inclusivos para hurgar entre los socios del Consell del Botànic. Català deslizó que el nuevo texto normativo es «una OPA hostil» de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, a la de Sanidad, Carmen Montón, que perseguiría, «crear una especie de conselleria Socio-Sanitaria que no funcionará si no hay coordinación entre los dos departamentos».
«La pompa de Oltra como protagonista en el fiestón de presentación del borrador de la Ley de Servicios Sociales producen sonrojo a los ciudadanos», indicó Catalá a través de un comunicado, «los fastos organizados por Oltra para alimentar su ego son poco apropiados cuando van dirigidos a los colectivos sociales más vulnerables y con mayores problemas en la sociedad». La vicepresidenta, según Catalá, confunde la gestión política con un plató de televisión, con el streaming, la propaganda y el espectáculo» y consideró que «si en lugar de anunciar más y más cosas para el futuro se dedicara a hacer lo que tiene que hace, a trabajar y gestionar, mejoraría realmente la vida de muchos ciudadanos que tienen problemas en su día a día».
Tony Woodward, diputado de Ciudadanos, cargó contra «la nefasta» gestión del PP en materia de Servicios Sociales y contra el Consell del Botànic por haber retrasado la nueva ley tres años. «Esta debería haber sido la primera Ley del gobierno del Botánic», dijo Woodward.
Ana Belén Montero, secretaria de Política Social de CC OO, celebró el «enfoque municipalista» del nuevo texto legal, con el objetivo último de extender las prestaciones a todo el territorio. Montero también destacó cómo el anteproyecto «entierra» una larga etapa de políticas conservadoras «cercanas a la beneficencia». La responsable de Política Social también señaló que los responsables de la redacción del texto han recogido las aportaciones del sindicato, singularmente la posibilidad de habilitar a los profesionales que prestan servicios sociales en la actualidad, en algunos casos con años de experiencia, al margen de su titulación académica.
En el extremo opuesto, la patronal más representativa del sector de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana, Aerte, no acudió al acto público de presentación de la ley, el pasado miércoles, en La Rambleta. José María Toro, presidente de Aerte fue explícito: «Llevamos mucho tiempo haciendo aportaciones al anteproyecto aunque casi no se ha aceptado ninguna. No entendemos este rechazo al trabajo que llevamos a cabo las empresas. En los peores momentos de la crisis fuimos un amortiguador para el sistema manteniendo los centros abiertos y los puestos de trabajos a pesar de los continuos impagos de la Administración».
