El conflicto entre la dirección federal del PSOE y la del PSPV continúa activo tras salir a la luz pública. La jerarquía manda, no obstante, y el criterio de Ferraz es el que prevalece, si bien bajo la amenaza de posibles impugnaciones de los resultados de las primarias comarcales de mañana al mantenerse el desencuentro.

La polémica, como publicó ayer este diario, gira en torno a 169 nuevos militantes incorporados a esta categoría después del 1 de abril de 2017, cuando se iniciaron los procesos congresuales y fecha desde la cual Blanqueries entiende que los censos deben estar bloqueados de acuerdo con los estatutos en vigor, los emanados del último congreso federal, el que proclamó a Pedro Sánchez como líder recuperado.

No se trata de ingresos de gente de la calle, sino de «afiliados directos» (por internet, que pagan menos y que no están adscritos a una agrupación local) que han pasado a ser «militantes» después de la fecha citada. Los primeros no votan en los procesos provinciales, comarcales y locales. Los segundos, sí. De ahí la polémica, ya que su voto puede ser decisivo en enclaves disputados, como la ciudad de València, l'Horta Nord, l'Alacantí, la Marina Alta o el Baix Segura.

La dirección del PSOE, que tiene en el valenciano José Luis Ábalos uno de sus cargos de peso como secretario de Organización, impuso ayer su criterio a través de dos vías: un comunicado oficial con sus argumentos y el envío de los censos al PSPV. Estos últimos incluyen a los nuevos militantes cuyo derecho a votación en las comarcales está en discusión, aseguraron ayer fuentes del partido. Esos listados serán los oficiales mañana. Los hechos mandan.

A petición de alguna candidatura, como la de sandra Gómez en València, el comité de garantías del PSPV se reunirá hoy. No puede cambiar la decisión de Ferraz, pero sí podría oponerse públicamente a su criterio. Habrá que ver.

Mientras tanto, la ejecutiva del PSOE alegó ayer que no se trata de «altas», sino de «traslados», y que la gran mayoría ya votó en los congresos provinciales. Entonces, al no haber disputa seria, al menos en València, no hubo denuncias sobre el censo, replican fuentes de Blanqueries. Ferraz justificó además que los afilados directos convertidos recientemente en militantes puedan votar en una resolución del 18 de julio pasado de la comisión federal de ética y garantías.

Esta dice, según lo expuesto ayer por la dirección federal, que los afiliados directos «trasladados» a una agrupación con posterioridad al 1 de abril de 2017 pueden votar en todos los procesos de elección. El PSOE se aferra la «libertad, autoridad e independencia» de este órgano y a que se dio traslado de este acuerdo «a todos los ámbitos que han planteado consultas».

Sin embargo, en Blanqueries aseguran desconocer hasta ahora el documento, a pesar de que hace dos meses trasladaron a Madrid la situación detectada. Cuestionan además que la comisión federal de ética pueda actuar contra los estatutos. La valenciana en este órgano es Consuelo Orias, próxima a Ábalos, sector que consideran beneficiado en la operación.