La Conselleria de Medio Ambiente ha detectado hasta 438 líneas que presentan torres eléctricas en áreas protegidas que son peligrosas, y habitualmente mortales, para las aves que se posan sobre ellas. Asimismo, ha emplazado a los propietarios de estos postes a que adopten las medidas oportunas en estas instalaciones para paliar sus efectos negativos sobre la avifauna.
El departamento que dirige Elena Cebrián ha realizado este informe en virtud de un Real Decreto aprobado por el Gobierno estatal en 2008 por el que se obligaba a adaptar las líneas de alta tensión para proteger a las aves. Según este, la conselleria tenía que delimitar cuáles de estas torres se encuentran en zonas de protección.
Una vez se ha hecho esto, el siguiente paso es que se ejecuten las medidas pertinentes, ante lo que la disposición adicional única de ese mismo Real Decreto provoca ciertas dudas sobre quién se debe hacer cargo económicamente de esas adaptaciones, según explican fuentes ecologistas.
En ella, se establece que «el Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, habilitará los mecanismos y presupuestos necesarios para acometer la financiación total de las adaptaciones de dichas líneas eléctricas», lo que, según avisan, provoca que los propietarios «dejen pasar el tiempo para no tener que gastarse ellos el dinero».
No obstante, las mismas fuentes precisaron que para corregir los apoyos que son peligrosos para las aves, tan solo son necesarios entre 1.000 y 2.000 euros por torre conflictiva, con lo que entienden que «para una gran compañía eléctrica no supone un coste excesivo».
Pese a todo, el número de aves que fallecen año tras año en estas torres eléctricas en la Comunitat Valenciana no se detiene. Entre 2006 y 2016, según datos de la conselleria, murieron electrocutadas 2.394 aves, de las que 2.038 eran rapaces. Y en los últimos dos años han muerto en tendidos eléctricos nueve ejemplares de águila perdicera, cuando tan solo quedan unas 25 parejas de este especia protegida en la provincia de Castelló.
