La nueva Ley de Salud de la Generalitat Valenciana, que modifica la aprobada por el PP en 2014, no incluirá finalmente la prohibición de prorrogar los contratos de gestión privada que actualmente están en vigor en cinco áreas de salud valencianas, el llamado modelo Alzira. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, quería que el nuevo articulado de la ley mostrara su apuesta decidida tanto por el acceso universal a la sanidad como por la gestión directa como la mejor de las maneras de ofrecer asistencia sanitaria, aunque ha tenido que rebajar sus expectativas iniciales.
Tal como se anunció hace un año, la ley se iba a modificar para reparar carencias de la norma «popular» como la falta de mención a la salud mental pero también como un mecanismo para poner fecha de caducidad, por ley, al modelo Alzira que implantó Rafael Blasco y que el Consell del Botànic va a empezar a desmontar el próximo 1 de abril al no haber aceptado la prórroga del contrato con Ribera Salud. De esta manera, en las primeras versiones del proyecto de ley se incluía una disposición adicional quinta que ordenaba, directamente, que no se prorrogaran los contratos de los cinco departamentos actualmente en manos de Ribera Salud, DKV y Sanitas: la Ribera, Torrevieja, Dénia, Manises y Elx-Crevillent. Su aprobación hubiera supuesto que cualquier conseller que tomara el relevo de Montón se vería en la obligación de no dar más años a los contratos y de finiquitar el modelo o de iniciar otra modificación legislativa.
Informe
La propuesta, sin embargo, ha tenido que ser retirada atendiendo a un informe de la Abogacía de la Generalitat en el que se advierte explícitamente de que su inclusión «incurriría en inconstitucionalidad» al afectar al desarrollo de contratos y legislar sobre una materia que no compete a la Generalitat.
Pese a que esta disposición ha tenido que desaparecer, la norma sí mantiene el espíritu de fomento de la gestión directa. De hecho, incluye nuevos artículos en los que reconoce la «preferencia» por la gestión directa de la sanidad «como fórmula de mayor garantía de universalidad, de accesibilidad, equidad y de no demora en el acceso». Aquí también la conselleria ha tenido que «pulir» la redacción a propuesta del Consell Jurídic Consultiu que puso en duda varias de las expresiones utilizadas apuntando que la gestión directa «no es por sí misma ni un sistema que suponga una mayor garantía de igualdad de acceso, ni es excluyente» de otras formas de gestión. El órgano consultivo recordaba, de hecho que la propia Generalitat ha legislado sobre la acción concertada, en la que se incluye la gestión indirecta y la concertada con entidades privadas sin ánimo de lucro.
Sanidad sí ha escuchado a la Abogacía en este caso pero no en el nuevo apartado de la ley por el que se participa a los ayuntamientos en la gestión de la atención primaria de salud. Los abogados de la Generalitat ponen en cuestión el texto al «vulnerar la normativa de régimen local» pero el proyecto de ley lo mantiene y así se someterá a aprobación en las Corts si no se acepta ninguna de las enmiendas parciales de los grupos, después de que ayer el pleno, con los votos de PSPV, Compromís, Podemos y la abstención de Ciudadanos rechazara la enmienda a la totalidad del PP.
El portavoz popular José Juan Zaplana aventuró que la norma, de no modificarse este artículo, «acabará en el Tribunal Constitucional como la del copago o la ley de acción concertada» y criticó la «chapuza» de haber tramitado la ley por urgencia «ante la próxima finalización de los contratos de las concesiones», lo que era «incomprensible, porque solo acaba uno y ya se había tomado la decisión por ideología, no hacía falta reducir los trámites a la mitad de tiempo».
Por su parte, la consellera defendió la modificación de la ley ante la enmienda a la totalidad del PP asegurando que, con las modificaciones incluidas, buscaban fijar «como prioridades la universalidad, la equidad y el fortalecimiento del sistema público» y corregir «olvidos injustificados» al incluir el impulso a la equidad farmacoterapéutica y el uso racional de los medicamentos; la salud mental o artículos para fomentar la donación, el trasplante y la investigación.
