El PP ya puso el año pasado en su punto de mira a la conselleria que dirige Mónica Oltra, la de Igualdad y Políticas Inclusivas. Primero fueron los centros de menores, ahora las residencias. Sin embargo, los populares han decidido dar un paso más y han presentado una denuncia ante la Fiscalía no solo contra la vicepresidenta, sino contra todo el Consell.
En concreto, según el escrito presentado ante el ministerio público y al que ha tenido acceso Levante-EMV, se denuncia un presunto fraccionamiento «ilegal» del objeto de los contratos administrativos para eludir el procedimiento legalmente establecido y, en particular, la libre concurrencia de licitadores. Se habría dado en contratos relacionados con la limpieza de centros sociales y residencias. Critican los populares que así se impide la fiscalización por la Intervención.
También señalan al «el recurso sistemático al reconocimiento de deudas por la vía del enriquecimiento injusto, para evitar cualquier tipo de contratación administrativa así como para eludir toda fiscalización por parte de la Intervención».
Los populares se refieren a contratos de limpieza de distintos centros sociales, como los de Torrent, Catarroja, Ontinyent o Sagunt. También apuntan a contratos «siempre por importes inferiores a los límites del contrato menor (18.000 euros en contratos de servicios), pero fraccionados en claro fraude de ley». En la denuncia se adjuntan hasta once expedientes («aunque son una pequeña muestra», añaden) en los que, supuestamente, se fracciona el objeto del contrato para eludir los controles de Intervención.
También se refieren como a «una muestra» los expedientes aprobados a través de enriquecimiento injusto, es decir, el procedimiento por el que se abonan contratos cuando estos ya se han extinguido y el servicio se tiene que continuar dando.
Para aprobar estos enriquecimientos hace falta el acuerdo del pleno del Consell, por eso los populares han pedido que se llame a interrogar a todos los conselleres y al propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
En este punto, los populares calculan que se han llegado a pagar hasta 43,7 millones de euros. «El hecho de que se haya obviado cualquier procedimiento de contratación ha supuesto un menoscabo a la Hacienda Pública», alertan los populares en su denuncia, «ya que se ha impedido la competencia y se han pagado los precios arbitrariamente fijados». En este sentido, el PP sostiene que se ha pagado un coste «mucho mayor» porque no ha habido concurrencia ni contratación a la baja.
Apunta la denuncia a la prevaricación administrativa y piden a la instrucción la comparecencia también de la directora territorial en València de la conselleria de Igualdad, Isabel Serra Marco; la de Mercé Martínez i Llopis, directora General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia; la de José Aurelio Carrión, subdirector general de Envejecimiento Activo y Autonomía Personal; y la de Francesc Gamero Lluna, subsecretario de la conselleria que dirige Oltra.
«Todo pasa por Intervención»
La conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aclaró ayer que «ninguno de los expedientes puede ser aprobado con informe negativo por la Intervención dado que sin el informe favorable del órgano fiscalizador de la Generalitat ni se contabiliza, ni se paga».
Además, fuentes de la cartera de Oltra señalaron que «es falso que la vía del enriquecimiento injusto eluda la fiscalización porque pasan por la Intervención General». Los resarcimientos que se han tramitado, que son habituales en la mayoría de los plenos del Consell, «son por servicios que han acabado contrato y no ha dado tiempo a tramitar uno nuevo», añadieron las mismas fuentes, por lo que las empresa que resultaron adjudicatarias en concurso público en su momento y en concurrencia son las mismas que continúan prestando el servicio. «Los servicios esenciales necesitan seguir siendo prestados porque se trata de atención a personas», defendieron desde la conselleria de Oltra.
