Siete años después de que Levante-EMV denunciara el absentismo de algunos funcionarios de la Ciudad de la Justicia, una minoría sigue repitiendo la práctica de fichar y abandonar el edificio judicial, en lugar de incorporarse a su puesto de trabajo.
En 2011 este periódico denunció el absentismo de algunos funcionarios de la Ciudad de la Justicia de València que fueron captados por las cámaras de Levante-EMV entrando a primera hora de la mañana para fichar mediante el control de la huella y saliendo pocos minutos después por la misma puerta, sin acceder a su puesto de trabajo de forma inmediata.
El pasado 24 de noviembre, que coincidía con el día de rebajas Black Friday, un equipo de reporteros del programa «En el punto de mira» de Cuatro grabó las mismas escenas, que se emitieron en un programa el pasado lunes. Los cámaras de Cuatro captaron a siete funcionarios de la Ciudad de la Justicia de València que entraban por la puerta trasera -reservada a funcionarios, letrados y procuradores- fichaban y abandonaban el recinto judicial.
En algunos casos los siguieron y grabaron con cámaras ocultas para ver qué hacían. Uno de los trabajadores aparcó y permaneció una hora y cuarto consultando su móvil en el interior del vehículo estacionado en la calle; otra trabajadora desayuna dos veces y después se va de compras? Ya en horario comercial, los reporteros de Cuatro grabaron a dos funcionarias haciendo la compra en una gran superficie durante hora y media, cuando deberían estar ocupando su puesto de trabajo.
El programa causó un gran revuelo en las redes sociales durante su emisión. Pero también un profundo malestar entre los 1.600 funcionarios (cifra que no incluye a jueces, fiscales o letrados de la Administración de Justicia). Los sindicatos lamentaron que las malas prácticas de una minoría afecten al trabajo que realiza la mayoría «en condiciones precarias, con una carga de trabajo excesiva y con medios materiales e informáticos obsoletos». Y añaden que «el porcentaje de personas incumplidoras es muy pequeño, pero se produce una injusta descalificación a todos los funcionarios de justicia». Fuentes sindicales reclaman que se «persiga castigue y sancione a quien incumpla su horario laboral, porque rechazamos absolutamente estas conductas».
El quid de la cuestión es quien debe perseguir estas malas prácticas. A los actuales responsables de la Conselleria de Justicia no les consta que se abriera ningún expediente sancionador por el absentismo denunciado por Levante-EMV en 2011. «Y si se abrió, los apercibimientos o las faltas graves o muy graves desaparecen a los dos años», explican fuentes oficiales de la Conselleria de Justicia. Tampoco les constan quejas oficiales por esta cuestión durante los dos últimos años y medio.
El departamento que dirige Gabriela Bravo deriva en los letrados de la Administración de Justicia el control de los funcionarios de cada juzgado «que son los que deben iniciar un expediente informativo que se inicia y se instruye, se traslada a la Conselleria de Justicia y puede derivar en sanción o apercibimiento». Sin embargo, fuentes de los letrados de la Administración de Justicia niegan tener esta potestad y aseguran que es la conselleria quien debe controlar a los funcionarios.
